Que los presupuestos no presupongan demasiado no es una novedad después de tantos años. Que luego los “desvíos” sean resueltos no por el Parlamento que aprueba la Ley de Leyes sino por decretos de necesidad y urgencia o por Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete, tampoco. Así ha venido sucediendo desde hace muchos años y no es privativo del gobierno de Cambiemos.
Ahora, que el presupuesto sea aprobado y casi en simultáneo se sancionen leyes que modificarán los números que se acaban de votar, es algo que supera lo imaginable.
Y así ha sucedido con el Presupuesto 2008, votado casi en simultáneo con las Reformas Previsional, Tributaria y de Responsabilidad Fiscal, y con cifras que estaban armadas desde setiembre del 2017. Peor aún, luego de aprobarse, el Jefe de Gabinete, los ministros de Hacienda y Finanzas, y el presidente del Banco Central dieron una conferencia de prensa en la que se anunció una meta inflacionaria diferente (15%) a la que el propio presupuesto contiene (15,7%).
La Reforma Previsional cambia la fórmula para ajustar las jubilaciones y pensiones a la baja; por lo tanto van a disminuir los gastos asignados en el presupuesto para tal fin. La Reforma Tributaria rebaja las contribuciones patronales por lo que los ingresos provenientes del Sistema Único de Seguridad Social también disminuirán.
Para el primer caso se estima que la rebaja le haría “ahorrar” al Estado entre 70.000 y 100.000 millones de pesos. En cuanto a cuál será el beneficio para los empresarios por los menores aportes que harán a la ANSeS, no hay una cuantificación cierta. Según cálculos realizados por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), la rebaja provocaría un desfinanciamiento del sistema previsional del orden de los 200.000 millones de pesos.
Por otro lado, los cambios en el sistema tributario introducidos por la Reforma Tributaria modifican los Recursos del Estado calculados en el presupuesto. A esto hay que agregar los mayores ingresos por los impuestos que están incorporados en las facturas de los servicios públicos, ya que acaban de anunciarse aumentos en las tarifas.
Además, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que define entre otras cosas cuánto serán los fondos que las provincias recibirán del Estado nacional vía coparticipación, también modifica ingresos y gastos públicos.
Más allá que las cifras contenidas en la Ley se vean modificadas por las normas aprobadas, podemos decir que el presupuesto vuelve a ser, como desde hace varios años, deficitario.
No solo muestra que los ingresos corrientes (impuestos, contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad y otros menores) no alcanzarán a cubrir los gastos corrientes (remuneraciones, pago de bienes y servicios, prestaciones de la seguridad social, asignaciones familiares y por hijo, entre otros) sino que el rojo crecerá un 70% más por el pago de los intereses de la deuda.
De esta manera, este presupuesto sigue la lógica del déficit tanto primario (ingresos corrientes menos gastos corrientes) como financiero (déficit primario más pago de intereses de deuda), al que se lo cubre con nuevo endeudamiento, tal como ha venido sucediendo desde el gobierno anterior.
“Los intereses a pagar por la Deuda Pública de la Administración Central en el 2018 son de 406.500 millones de pesos, pero está previsto que se paguen 286.200 millones” y el resto se capitalizarán formando parte del capital que ya debemos, detalla Héctor Giuliano en su nota Deuda Pública sin Presupuesto 2018.
“Esto agrava fuertemente el cuadro de endeudamiento público ya que en 2018 el gobierno tiene vencimientos de capital por 67.400 millones de dólares y va a tomar deuda por 114.000 millones de dólares, por lo que el stock de deuda aumentará durante 2018 en 46.400 millones de dólares”, afirma.
Las cifras presupuestarias muestran cómo los intereses de la deuda son el segundo ítem dentro de la estructura de gastos por jurisdicción, luego de las erogaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dichos servicios de la deuda son similares a lo asignado para Desarrollo Social, duplican a los gastos para Educación y son 5 veces superiores a los presupuestados para Salud.
Un informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) sobre el Presupuesto da cuenta de las inconsistencias del mismo:
*Una inflación subestimada (15,7%) que ya se supone superada con los anuncios del día sobre los aumentos de tarifas;
*un crecimiento de la economía sobrevaluado en 3,5% difícil de pensar en un esquema en el que la mitad del consumo privado depende del consumo popular, difícil de visualizar para una economía que no genera puestos de trabajo y que además no permite la recuperación real de los ingresos. Sumando a esto, los sectores de alto poder adquisitivo vuelcan sus excedentes hacia la especulación;
*con un comercio exterior en el cual las importaciones crecerían menos que en el corriente año, lo que hace difícil pensar en un crecimiento de la economía de la mano de un incremento menor de las importaciones.
*con inversiones privadas en aumento que también dificultan visualizarse cuando las altas tasas vuelcan la voluntad del inversor hacia la especulación
Para concluir, tomamos las palabras del equipo económico del IPyPP que en su trabajo Ajuste, Tarifazo y Endeudamiento en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2018, acercan como conclusión:
“Esta irracional política de ajuste y endeudamiento, plagada de contradicciones e inconsistencias que cuestionan todos los supuestos planteados por el oficialismo en el presupuesto, y que a la vez lleva implícitas las condiciones que propician la reproducción de crisis sociales, y externas como enseña de manera elocuente la historia argentina reciente, es al a vez una política compatible con la consolidación de un modelo productivo extractivista y desindustrializador, depredador de los recursos naturales y el medio ambiente”.
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