lunes, 11 de diciembre de 2017

Según informe de la UCA, uno de cada tres argentinos es pobre

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estima que un 31,4% (13,5 millones de personas) vive en situación de pobreza. Según el estudio, la indigencia alcanza un 5,9% (2,5 millones de ciudadanos). En los últimos 7 años la franja más golpeada fue la de los mayores de 60 años

Redacción Canal Abierto | El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un nuevo informe con datos alarmantes: 13.500.000 de argentinos se encuentran bajo la línea de la pobreza. Según una definición del propio estudio, este 31,4% de la población no puede acceder a un “conjunto de bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia”.
Sin embargo, aún más crítica es la situación de aquellos 2.500.000 que están en la indigencia. Es decir, no cuentan con los recursos suficientes para adquirir productos indispensables para alimentarse adecuadamente.
De todas maneras, cabe aclarar que los datos correspondientes al tercer trimestre de 2017 no resultan del todo disruptivos, sino mas bien forman parte de una tendencia que se profundizó a partir de diciembre de 2015. Incluso durante los últimos meses, distintos informes dieron cuenta de la caída del poder adquisitivo del salario, el aumento de la malnutrición infantil y la pauperización de las condiciones sociales en el conurbano, la región mas populosa del país.
El informe de la UCA deja al descubierto otros datos perturbadores, como es el hecho de que el 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza sean niños de entre 0 y 14 años. O bien, que en los últimos siete años la franja etaria donde más creció la pobreza haya sido en los mayores de 60: en 2010 pasó de representar un 6,6% del total para hoy alcanzar el 10%.
Por otro lado, se observa que la proporción de mujeres indigentes 7 % es mayor que la de varones, 5,5%. Lo mismo ocurre con la pobreza: 36,1 % entre las mujeres y 29,7 % entre los hombres.
Además, desde el punto de vista regional, el Gran Buenos Aires lidera el triste ranking con el 37,4% de los pobres y el 7,9% de los indigentes.
Otra de las conclusiones que arroja este análisis es la ampliación de la brecha al interior de los trabajadores. A continuación, el cuadro ilustra dicha tendencia:

Pese a la persecución, el pueblo mapuche sigue adelante

A pesar de la violencia y la búsqueda de disciplinamiento contra el pueblo mapuche –común a los sectores populares- los pueblos originarios tienen un horizonte de siglos. Dos muertos por represión policial/militar en el sur de Argentina. Cientos de heridos y detenidos. Todo un pueblo perseguido y una amplia región militarizada.

Tres meses después de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto, y mientras se realizaba el velatorio de su cuerpo que, según las autoridades, fue encontrado sumergido en un río, sobrevino el asesinato de Rafael Nahuel por una bala 9 milímetros disparada por la espalda. Más de 300 policías, helicópteros y drones, contra un puñado de mapuche “violentos” que, sin embargo, no portan armas.
La policía entró disparando fuego real en una comunidad que había recuperado tierras meses atrás. Los varones escaparon cerro arriba. Los uniformados se llevaron mujeres y niños, los golpearon y mantuvieron aislados durante horas.
La criminalización de las comunidades mapuche tiene una sola y única explicación: están recuperando tierras. El pueblo mapuche controlaba sus territorios hasta fines del siglo XIX, apenas cien años atrás. Desde que fueron despojados (Pacificación de la Araucanía en Chile y Campaña del Desierto en Argentina), la vida de las familias mapuche se trasmutó en marginalidad, pobreza, desempleo y discriminación. Rafael Nahuel vivía en los “altos” de Bariloche, donde llegó su familia desde el campo unos años atrás.
Pero en las tres últimas décadas la vida cotidiana mapuche comenzó a cambiar. Nacieron organizaciones formadas por jóvenes, se re-crearon comunidades, se recuperaron tierras. En los últimos quince años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes. Una sola empresa, Benetton, concentra un millón de hectáreas en la Patagonia.
No ha sido un proceso sencillo. “Las comunidades mapuche que fueron más violentamente reprimidas en los últimos meses en Chubut y Río Negro son parte de las mismas familias que históricamente mueren por balas de los policías, de los dealers o de otras bandas barriales en la periferia urbana”, escribe la antropóloga Ana Ramos en la revista Anfibia.
El trasfondo y el contexto que explica la militarización de los territorios mapuche y la criminalización de la recuperación de tierras, se llama extractivismo: en una década y media se pasó de 40 proyectos mineros a 800 proyectos; de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 22 millones, según el periodista Darío Aranda. No se trata de un modelo productivo, sino de un tipo de sociedad que excluye a la mitad de la población, le expropia las tierras y los recursos naturales a las poblaciones indígenas y a los campesinos.
Un proyecto de acumulación de capital que se redondea con especulación inmobiliaria urbana que expulsa a los más pobres hacia las periferias de las ciudades, donde no tienen estrategias de sobrevivencia y dependen sólo de tres recursos posibles: ayudas estatales, vínculos con el narcotráfico, otras actividades ilegales como el robo en pequeña escala (en gran escala la hacen las multinacionales mineras y sojeras).
Los mapuche son uno de los sectores sociales más afectados por este modelo de acumulación/despojo, aunque no los únicos. En los últimos años, en algunas regiones falta agua porque se sobre-utiliza en la minería y los monocultivos, lo que agrava la situación de las comunidades.
Los grandes medios hacen su labor que cierra el cerco policial/militar. En Argentina acusan a los mapuche de violentos. Los vinculan sin pruebas a las FARC de Colombia, a los grupos kurdos y también a ETA, como hizo el diario Clarín el 22 de enero de este año. El mismo periódico se permitió relacionar a los mapuche con el ISIS y desde el gobierno no dejan de asegurar que se trata de “terroristas”, aunque es evidente que no emplean armas. Ser mapuche es sinónimo de subversivo para el Estado y para buena parte de la sociedad.
Creo que hay tres cuestiones que debemos profundizar para comprender dónde está el conflicto entre el pueblo mapuche y los estados argentino y chileno, y escudriñar los posibles derroteros en el mediano plazo.
La primera es que luego de la derrota de fines del siglo XIX, el pueblo mapuche está de pie, toma la ofensiva en la recuperación de tierras, consiguió involucrar a los jóvenes, diversificar redes de solidaridad en la sociedad blanca y a escala internacional. El pueblo mapuche ha cambiado en las últimas décadas. Buena parte de sus integrantes adquirieron conocimientos propios del mundo blanco, con los que han creado medios de comunicación, esbozan análisis de su historia y de la realidad mucho más sofisticados que los que pudieron hacer en el pasado.
Lo anterior nos indica que la actual ofensiva mapuche por la tierra, la reconstrucción de sus territorios, de la memoria y de sus comunidades, no es coyuntural sino estratégica, durará décadas y está en condiciones de sortear los obstáculos represivos.
La actitud del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, que muestra una activa solidaridad con las comunidades mapuche reprimidas y comprende sus estrategias, es revelador de ambos hechos. Consultado por los medios, explicó que algún grupo pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, “pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande” (Página 12, 29 de noviembre de 2017).
La segunda cuestión es que el sistema anclado en el extractivismo se comporta como una “guerra contra los pueblos”, como señalan los zapatistas. Las grandes empresas mandan y deciden en la Patagonia (Argentina) y en la Araucanía (Chile), tienen sus propias guardias armadas e imponen su propia ley, que no es más que la fuerza para lubricar ganancias. En la regiones donde impera el extractivismo (minería, hidrocarburos y monocultivos), no existe la legalidad, ni los derechos civiles y humanos. Estamos ante un nuevo colonialismo.
Las empresas compran jueces y gobernadores, y al que no se deja, lo apartan. En diciembre de 2016, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió juicio político para el juez Guido Otranto (enemigo también de los mapuche) por no haber condenado al lonko Facundo Jones Huala, hoy en prisión. “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, dijo Das Neves y llamó a que la población desobedezca al juez (Lavaca, 29 de noviembre de 2017).
La tercera cuestión es que los dispositivos de militarización que se aplican contra los indígenas, son los mismos que afectan a los sectores populares urbanos y, muy en particular, a los jóvenes y las mujeres. Quienes resisten en las ciudades la violencia policial desbocada (denominada gatillo fácil) y los feminicidios, tienen mucho en común con los indígenas ya que sufren las mismas represiones por los mismos motivos.
A pesar de toda la violencia desatada contra un pueblo, las multinacionales y los estados tienen enormes dificultades para disciplinar a los mapuche, porque comparten destino –objetiva y subjetivamente- con todos los sectores populares. La impresión dominante es que los estados pueden ralentizar el proceso de recuperación de tierras, pero no pueden frenarlo ni hacerlo retroceder.
Los inevitables cambios de gobierno juegan a su favor, ya que se abren grietas por las que seguir adelante.
Una ventaja estratégica mapuche que hace la diferencia: mientras la sociedad hegemónica piensa en plazos de cuatro o cinco años (electorales) los mapuche, como los demás pueblos originarios, tienen horizontes de siglos.

Fuente: www.agenciacta.org

Reforma Laboral y salarios: Los empresarios tendrán más poder

Desde hace más de una década, los sindicatos discuten el precio de la fuerza de trabajo una vez al año. La inflación suele ser el parámetro, pues supone la defensa del poder adquisitivo del salario.

Por Matias Cremonte*

Pero pocos gremios plantean que ese precio sea igual a su valor: Según el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, el salario debe asegurar al trabajador alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Significaría un gran aporte a las paritarias calcular cuánto es el dinero necesario para cubrir esas necesidades.
Las negociaciones suelen ser arduas, y su resultado no depende sólo de las razones valederas de los planteos sindicales. Por eso la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, garantiza a los trabajadores la negociación colectiva y la huelga, como derechos inescindibles.
En la ronda paritaria del año próximo, a las distorsiones de las negociaciones que suponen los topes salariales “sugeridos” por los gobiernos, se podría sumar una tensión adicional: una reforma laboral a la medida de los empresarios.
De aprobarse el proyecto enviado al Congreso, las cámaras patronales tendrán además varios recursos para morigerar la incidencia de los acuerdos salariales.
Por un lado, si se permite la renuncia a derechos adquiridos en los contratos individuales como establece el proyecto de ley, los empresarios pelearán para que los aumentos rijan sólo sobre la escala salarial del convenio colectivo de actividad, dejando que otros adicionales sean fijados en cada empresa, de modo de que luego puedan ser válidamente renunciables por cada trabajador.
Por su parte, las negociaciones suelen incluir sumas fijas pagadas en cuotas o bonos, que al no ser mensuales, dejarían de ser tomados como parte de la remuneración para calcular la indemnización por despido sin causa.
Es probable entonces que en vez de aumentos en los salarios básicos, los empresarios prefieran implementar ese tipo de sumas, para luego pagar menores indemnizaciones.
Por último, si se elimina la responsabilidad solidaria del empresario principal que terceriza parte de su actividad —como la seguridad, la limpieza, el comedor, el mantenimiento o el transporte del personal—, se profundizará la subcontratación y el desmembramiento de los convenios colectivos de actividad.
Párrafo aparte merecen las derivaciones a la negociación colectiva que hace el proyecto de ley, como la posibilidad de crear fondos de cese laboral, tentadoras cajas que facilitarán los despidos y terminarán a merced de los siempre volátiles mercados financieros.
La Reforma Laboral incidirá negativamente en las próximas paritarias, y de los sindicatos dependerá que los trabajadores conserven sus derechos.

*Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)

CLATE organizará una charla y debate sobre libre comercio y derechos laborales

Ante la realización de la 11ª Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires, dirigentes sindicales y abogados laboralistas de distintos países de América Latina se reunirán este lunes 11 de diciembre en la capital argentina para debatir sobre “Los derechos laborales en el marco de la liberalización comercial”.

El encuentro, organizado por la CLATE, junto a la AAL y la ALAL, se realizará de 17 a 20 hs en el hotel Héctor Quagliaro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ubicado en la calle Moreno 2654. La apertura estará a cargo del presidente de CLATE, Julio Fuentes, de la presidenta de ALAL, Luisa Fernanda Gómez Duque, y del presidente de AAL, Matías Cremonte.
El encuentro, organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) de Argentina, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), contará con la presencia de panelistas de Brasil, Chile, Colombia y Argentina.
En representación de la CLATE, participarán, además de su presidente, Julio Fuentes, su secretario general adjunto y dirigente de la CSPB (Brasil), Sergio Arnoud, y su vicepresidente 3º y titular de la UTRADEC (Colombia), Percy Oyola Paloma. También intervendrán el secretario general de ATE (Argentina), Hugo Godoy, y el abogado de la COFE (Uruguay), Daniel Parrilla.
La actividad se llevará a cabo en el marco de la Cumbre de los Pueblos convocada por organizaciones sindicales y sociales como contrapartida a la reunión de la OMC. A su vez, se enmarca en el Foro de Trabajadores y Trabajadoras, que a través de varias charlas debate, se propone reflexionar sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el mundo del trabajo.
La realización de la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la Ciudad de Buenos Aires pone de relieve el proceso de reorganización neoliberal de las economías de la región en un contexto de crisis mundial. En ese marco multilateral, como en otros espacios bilaterales y plurilaterales, los países de América Latina y el Caribe avanzan en negociaciones y compromisos con el objetivo prioritario de atraer inversiones.
De este modo la OMC, un ámbito multilateral que se encontraba estancado desde hace años, vuelve a cobrar relevancia. Detrás de las discusiones técnicas que se abordan con perspectiva comercial se encuentran los intereses del poder corporativo trasnacional que pretende avanzar sobre la soberanía de los Estados, su potestad regulatoria y su capacidad para garantizar derechos sociales, económicos y culturales.
Paralelamente, en el plano interno, en diferentes países (como Brasil y Argentina) se producen retrocesos en materia de legislación laboral, que retrotraen los derechos de los trabajadores varias décadas atrás. El fin declarado de estas reformas es recuperar competitividad y, de ese modo, volver a las economías locales atractivas para el capital extranjero y generar de ese modo crecimiento económico.
Pero ni la apertura comercial indiscriminada ni la reducción de los derechos de los trabajadores han probado ser generadoras de crecimiento, empleo y bienestar. Existe una complementación peligrosa entre las reformas regresivas en derechos y los compromisos de comercio internacional en tanto que estos últimos actúan como blindaje de las reformas producidas a nivel local, garantizando su irreversibilidad. En ese marco, alertar a los trabajadores de los riesgos que implican estas reformas y el contexto internacional con el que se acoplan se vuelve una tarea ineludible.
Programa:
Apertura: Julio Fuentes, Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Luisa Fernanda Gómez Duque, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, Presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Argentina.
Primer panel:Tratados de Libre Comercio y reformas laborales regresivas. Luisa Fernanda Gomez Duque, Presidenta de la ALAL (Colombia). Maximiliamo Nagl Garces, Director de la ALAL (Brasil). Carmen Benítez, Secretaria de Derechos Humanos Laborales de la ALAL (Chile). Daniel Parrilla, abogado de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado - COFE (Uruguay).
Coordina: Luis Enrique Ramírez, ex Presidente ALAL (Argentina).
Segundo panel: Desafíos para el sindicalismo ante el nuevo orden neoliberal. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros (Argentina). Sergio Arnoud, Secretario General Adjunto de CLATE y miembro de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil – CSPB (Brasil). Percy Oyola Palomá, Vicepresidente 3º de CLATE y Presidente de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos - UTRADEC (Colombia). Hugo Godoy, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado– ATE (Argentina). Jorge Castro, Secretario General Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones –UETTEL- y Director Organización y Gremial CTA Autónoma (Argentina).
Coordina: María Paula Lozano, Secretaria General AAL (Argentina).

Fuente: www.agenciacta.org

jueves, 7 de diciembre de 2017

La CTA Río Cuarto presente en la marcha del 6D contra las Reformas

Ayer se desarrollo en diferentes puntos del país una marcha para decirle no a las reformas que pretenden implementar el gobierno y que atenta contra los derechos de todas las personas. En Río Cuarto no fue la excepción. En la Plaza San Martín se congregaron diversas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas y culturales, nucleadas bajo el Frente Sindical y Social que organizo y convocó dicha macha. Además estuvieron presente un centenar de ciudadanos que decidieron hacerte frente  a las políticas de ajuste de Macri.


En un peregrinación eterna y determinante, que llego hasta la Plaza Roca, los referentes de cada organización dieron un discurso alusivo a lo que compete a la marcha y a la situación actual de  nuestro país. Nuestro Secretario General, Federico Giuliani, junto a miembros de la CGT, ATE, Federación Universitaria, entre otros, se dirigió a todas las personas manifestando que si tocan a uno tocan a todos, y dejando en claro que estás reformas que buscan perjudicar a la clase trabajadora y al pueblo todo solamente van a seer combativas si nos unimos más allá de diferencias, pero que debemos estar todos unidos frente a esta avanzada Neoliberal que busca derrotarnos y sacarnos conquistas que costaron sudor y lagrimas.