Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de
reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica
colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante
histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad
capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante
la toma del poder?
La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente
en el pensamiento y la acción sociotransformadoras desde antes de los
tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el
posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar
reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”,
“revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de
poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre
otros.
En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda
del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios
graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente
diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras
una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos
concepciones estratégicas:
Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren
las premisas señaladas por Marx) [1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).
Hacer
la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego
implementar
los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la
administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control
total del metabolismo social).
Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas
sociales como la revolución se producirían desde la superestructura
político-institucional (arriba).
Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento
político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y
protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates
neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI,
fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes
acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social,
incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una
concepción integral del poder, recuperando en gran
medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y
cultural.
La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente
transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los
procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para
analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos,
poder, independencia, desarrollo, conducción política…
Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los
movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones
de los procesos de transformación de la sociedad capitalista
encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar
a la desgastada y derrotada concepción de una revolución
superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del
siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular,
participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose
sujetos sociopolíticos del campo popular. Así, desde sus prácticas
concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido
germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal
que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento
(conciencia, organización, gestión…) de sus protagonistas. Lo mismo
ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en
Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador…
La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en
curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la
posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias,
recuperando sus luchas y empeños en crear y construir
poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo
existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado
(Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha
hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que
se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las
tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder
constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el
dejar hacer…).
Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero
¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos
o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de
“benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)?
Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas
progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el
Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca
que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo
en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y
transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su
historia?
La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los
actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos
populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias
revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata
que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y
funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la
gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital,
allanando el camino hacia la restauración.
En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la
respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se
toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de
“vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente
convocando a la participación e iniciativa populares, informando,
formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los
pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su
voluntad de crear, construir y constituir(se) en un
nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde
abajo” [2].
En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos
populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado
presente, pero no siempre con la centralidad política que estos
requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización
del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad
político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la
propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la
movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados
del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada
virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos. Voceros
del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales
acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista
en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible
construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer
sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para
todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo,
de las enfermedades curables…
Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías
introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non
de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay
democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras
para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos
populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales
gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica,
política, cultural y mediática; destruyendo a los principales
referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo
impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando
acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”,
“parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar
la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no
su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.
Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo
realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo
de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos,
capaces de desafiar al poder hegemónico del capital
para crear y construir sus destinos.
Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso,
pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues
en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados.
La conquista de un paso posibilita otro a
la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa…
interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo
proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de
adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado”
contradictorio
con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la
dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los
procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio
buscado.
De la “recuperación” del Estado a las democracias populares
Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en
tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso
aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas
de los procesos de cambios y su irreversibilidad,
es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la
participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las
dimensiones político-culturales de los procesos.
Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de
creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la
superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa).
Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales
político-sociales que van transformando la característica posneoliberal
inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias
populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos
claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales
y sus actores.
►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social
Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una
tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o
revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje
neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer
el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se
hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad
en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período
posneoliberal, la tendencia predominante de estos
gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico
central, administrado por la fuerza política gobernante y sus
funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de
partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del
cambio?
En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del
concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad
del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se
anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de
izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar
económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en
la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no
estuviera encaminada a estimular la creación
y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo
propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras
economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas
modalidades de extractivismo y rentismo.
Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las
coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la
importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a
problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción
de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un
nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un
horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.
Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo
popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres…).
Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco
peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”.
En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los
movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados
cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en
lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado
y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el
Estado es administrado por militantes revolucionarios, es
–automáticamente‑ revolucionario.
Confundidos tal vez por el hecho de asumir cargos y responsabilidades
hasta ahora vedados para el campo popular, algunos sectores de la
izquierda gobernante olvidaron o subestimaron el origen clasista del
Estado y sus tentáculos de subordinación y sujeción
–por diversas vías‑, de los ciudadanos al ámbito de la hegemonía del
capital y su estatus quo. Al dejar de poner esto en el centro de los
debates y el quehacer político cotidiano, fomentaron un posicionamiento
acrítico de los pueblos y sus organizaciones sociales
respecto de los procesos gubernamentales en los que participaban. Esto
evidencia que se pueden ganar elecciones, administrar el Estado y tener
un gran discurso revolucionario, pero sostener ‑en la práctica‑, un
programa reformista, socialdemócrata, que contribuye
–quiérase o no‑, a la restauración del viejo poder.
¿Qué significa en este sentido, ser socialdemócrata?: Que se renuncia
al cuestionamiento raizal del poder; que se plantea –en los hechos‑ ser
la izquierda del capital y, en tanto tal, solo se proponen reformas de
coloretes buscando instalar un ilusorio capitalismo
“bueno”, populista, de bienestar…
Esta situación no podría calificarse, en principio, como positiva ni negativa porque:
A) Podría encaminarse a la consolidación de una opción reformista,
con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner
en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases
jurídicas que configuran su institucionalidad.
B) Podría convertirse en una puerta de acceso a procesos de cambios
sociales profundos, reconvirtiendo al aparto estatal –a partir de
anclarlo en la participación popular‑, en un instrumento
político-institucional para apoyar (y promover) procesos de cambios
revolucionarios protagonizados por movimientos y organizaciones
sociales, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos
y el papel social de dicha institución e institucionalidad (proyectos
de entrada) [3].
No cabe pretender que cada paso esté previamente definido y
clarificado. Pero tener un horizonte clarificado es una referencia
importante porque, ¿hacia dónde se encaminan los gobiernos populares
luego del empeño de los primeros años de su agenda posneoliberal?
¿Tienen los pueblos posibilidades reales de construir una alternativa
sostenible de justicia y derechos sociales hacia la equidad, o son solo
un oasis, un paréntesis, en la historia de la dominación global del
capital?
►Abrir las compuertas del Estado a la participación popular
Recuperar el papel social del Estado es apenas un primer paso en el
inmenso océano de las transformaciones sociales. La más dura y
contundente prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor
estatización que aquella resulta difícil de imaginar,
sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y
empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana…
Es lícito pensar entonces que fue precisamente por centrar los ejes
del cambio social en el quehacer del Estado y su aparato burocrático de
funcionarios, por concebir al Estado como un “actor social” central y no
como una herramienta político-institucional
en manos del pueblo, que aquel proyecto socialista derrapó de sus
objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas, suplantando
el protagonismo popular, terminó anulando al sujeto revolucionario. Y
así el horizonte revolucionario terminó desdibujado,
aprisionado por la lógica del poder al que –a la postre‑ tributa.
Lo que define y diferencia a una propuesta reformista restauradora de
una perspectiva raizalmente democratizadora, revolucionaria, lo que
posibilita tornar irreversibles los procesos de cambio, radica en la
participación popular: Abrir el Estado a la participación
de los movimientos sociales populares en la toma de decisiones, en la
realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el
proceso de gestión de lo público, abriendo cauces a la pluralidad que
demande y defina la diversidad de sectores y actores
sociales populares participantes.
Abrir las compuertas del Estado, las políticas públicas y la gestión
de lo público a la participación de los movimientos populares,
indígenas, sindicales, campesinos… es también, habilitar una dimensión
de articulación colectiva que posibilita a esos actores
asumirse como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en
la toma de decisiones políticas que marcan el rumbo, el ritmo y la
intensidad de los procesos político-sociales de cambio. En este sentido,
hay yuxtaposición de tareas y procesos. Es así
que, simultáneamente con las tareas propias del desmontaje neoliberal
propio del tiempo posneoliberal, pueden habilitarse canales, formatos e
instancias que posibiliten a los pueblos ser parte del quehacer de
recuperación social del Estado o del Estado herramienta
social. Esto, siempre y cuando no se conciba a la recuperación como una
“vuelta atrás", algo así como recuperar un terreno (y un tiempo) que se
ha perdido. Se trata de una “recuperación-ocupación” para disputar un
territorio creado y ocupado históricamente
por el mercado, en aras de arrancarlo de su hegemonía y transformarlo
mediante la participación de los pueblos en la toma de decisiones del
quehacer estatal.
Instalar e impulsar este protagonismo, raizalmente democratizador,
constituye –o debería constituir‑ una de las tareas distintivas de los
gobiernos populares o progresistas desde sus primeros pasos. Y marca –o
marcaría‑, desde el vamos, la instalación de
un camino de superación del tiempo posneoliberal hacia la construcción
de democracias populares, cuya cualidad central es la participación
protagónica de los pueblos. A ella se articula el control popular y la
transparencia en la gestión de lo público.
La participación tiene interpretaciones diversas, pero aquí se
refiere a participar en la toma de decisiones. Y ello reclama
organización de la sociedad, acceso a la información, debates,
conclusiones y construir procesos para la toma de decisiones colectivas.
Implica una relación biunívoca, no solo recibir información y responder
“Si” o “No”. No es una encuesta, aunque ciertamente las encuestas son
también parte de las consultas a la ciudadanía que constituyen formas de
participación. Modalidades y métodos hay
muchos; lo que se busca definir acá es que se trata de una
participación política popular en la toma de decisiones; un paso hacia
el cogobierno y un factor esencialmente democratizador del poder.
Control popular y transparencia
Igualmente democratizador resultan el control popular y la
transparencia en la gestión de lo público; ambos muy interconectados. La
transparencia es fundamental para decidir qué, cómo y quiénes. Es la
base para el control popular y la participación. Garantiza
que la participación en la toma de decisiones siga el curso acordado –o
se modifique si varían algunos factores intervinientes en el proceso‑;
que la ciudadanía, particularmente la de los sectores populares, cuente
con toda la información necesaria antes y
durante todo el proceso; que tenga participación también en el proceso
de ejecución de las decisiones.
La transparencia se da, en tales casos de hecho, como fundamento y
alimento informativo en todo el proceso; sin ella es imposible decidir,
ejercer instancias de control, ser parte de la ejecución. Pero además de
esto, que podría considerase dentro de lo
“técnico”, sobresale su alta incidencia política. No solo es
democratizadora, sino que abre caminos hacia el empoderamiento popular
respecto de lo público y las políticas públicas, desarmando las intrigas
palaciegas y mediáticas acerca de hechos de corrupción
–además de impedirla‑, de prebendas, clientelismo, etc.
No hay posibilidad de engaño cuando se tiene la información para
decidir y se decide a conciencia; no hay posibilidad de que las campañas
difamatorias de gobernantes tengan éxito cuando es el pueblo el que
decide y gobierna conjuntamente con “sus” gobernantes
elegidos. Pueden hacerse obviamente las campañas, desatarse intrigas e
intentos desestabilizadores. Está claro que cada solución destapa nuevas
contradicciones y abre nuevos camino para buscar defectos y huecos
negros a la legitimidad popular. Pero estos se
irán minimizando a partir de la propia participación popular, en un
camino de empoderamiento-aprendizaje crítico respecto del poder y de
construcción de la hegemonía popular.
La lucha político-ideológico-mediática, la batalla de ideas, tienen
en la transparencia, la participación y el control populares un anclaje
social popular clave. Las “ideas”, en este caso, no son algo etéreo
“flotante”, sino certezas que emanan de las prácticas.
De conjunto fortalecen la conciencia popular colectiva y construyen una
coraza frente al ataque constante de los adversarios de la democracia
y, particularmente, de las democracias populares con rumbos
revolucionarios.
Se trata de una modalidad democrática transicional
Las democracias populares constituyen una base sociopolítica
indispensable para promover el empoderamiento popular. Y son también
parte de un proceso de aprendizaje colectivo, en primer lugar,
encaminado a desaprender lo viejo, a superar las barreras excluyentes
propias del elitismo de clase de la democracia burguesa, conviviendo
con la creación de nuevas modalidades de participación, de gestión y
control populares, aprendiendo lo nuevo en la misma medida que se va
creando y construyendo el nuevo poder popular, la
nueva democracia, el nuevo mundo… Ello no se producirá de golpe. Se
requiere de procesos jurídicos que la habiliten y de procesos
político-educativos de los funcionarios públicos, de los movimientos
sociales, de los partidos políticos de izquierda y de la
ciudadanía popular en general. En ese proceso los sujetos van
cuestionando-
reconceptualizando las políticas públicas, la gestión
de lo público y el quehacer de los funcionarios, en función de sus
realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones,
sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van redefiniendo el
alcance de “lo estatal” y lo propio de “la ciudadanía”, particularmente
de las ciudadanías populares.
En las experiencias concretas de construcción de poder comunal o
comunitario, como las que se desarrollan en Venezuela y Bolivia, se
observa lo contradictorio de los procesos vivos de cambios… Emergen en
ellos soluciones y contradicciones nuevas, entre lo
que el pueblo crea y aprende transformado su viejo saber hacer, y sus
viejos “fantasmas” culturales; entre nuevas modalidades de
representación del pueblo organizado en sus territorios y algunos
funcionarios estatales y /o partidarios que ‑en vez de estimular
estos procesos‑, sintiéndose tal vez amenazados por el protagonismo
popular autónomo pujante, tienden a frenarlo, acorralarlo, acotarlo,
subordinarlo o asfixiarlo. La disyuntiva es, en este sentido, ¿ocupar o
transformar el Estado?
La tarea revolucionaria no la hacen sujetos subordinados,
dependientes o prebendarios de las estructuras institucionales
tradicionales, ni de los partidos políticos gobernantes y sus líderes.
La realizan sujetos autónomos del campo popular: movimientos sociales,
movimientos indígenas, partidos de izquierda, organizaciones
territoriales, referentes de comunas y comunidades… A ellos corresponde
crear, construir, sostener y profundizar otro poder, el poder popular.
Esto como parte de un macro proceso integral de transformación del
Estado, entendiendo que el Estado no se reduce al “aparato estatal”,
sino que es parte del sistema social en permanente movimiento e
interdefiniciones. Esta interdefinición alcanza también
a la rearticulación de todos los factores concurrentes. En este
sentido, el tipo de interacción‑articulación marca y define también el
tipo de ciudadanía, el tipo de democracia y sus horizontes.
Limitarse a hacer una buena administración abona el camino de restauración de la hegemonía del poder
La proyección revolucionaria de los gobernantes no puede evaluarse a
partir de los cánones tradicionales de calidad de su gestión
institucional; es política. Se relaciona directamente con sus
capacidades para poner los espacios de poder en función de la
transformación revolucionaria.
La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en
sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho
menos intentar demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen
razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar
procesos revolucionarios desde los gobiernos pasa por hacer de estos
una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia
política, abrir la gestión a la participación de los movimientos
indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de
los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y
estableciendo nuevos roles y responsabilidades para cogobernar el país.
Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la
participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la
ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para
construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad,
de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y
constitución del pueblo en sujeto político. De ahí el papel central de
las asambleas constituyentes en estos procesos (en cada momento en que
sea necesario).
Las asambleas constituyentes son una herramienta indispensable de los pueblos
En este sentido, vale destacar que en los procesos de Venezuela y
Bolivia, entre las primeras decisiones políticas gubernamentales, estuvo
la convocatoria y realización de asambleas constituyentes. Son síntomas
que indican voluntad de trasgresión del stablishment
y definen el arribo de un tiempo de democracias populares.
Cada momento-dimensión-acción de profundización de las
transformaciones raizales de un proceso revolucionario genera y generará
nuevas articulaciones e interdefiniciones sociales que reclaman y
reclamarán nuevas bases constitucionales, nuevas asambleas
constituyentes,
o el nuevo poder que va siendo creado y construido irá quedando en los
márgenes del poder instituido (funcional al capital).
Sin asambleas constituyentes poco puede modificarse de modo
sostenible, pero su sola realización resulta insuficiente; necesitan
estar articuladas con procesos de cambios raizales en curso, legalizando
las creaciones y construcciones populares preexistentes
y las nuevas, afianzando lo hecho y orientando el camino hacia un
horizonte superador; es decir, abriendo paso a las transformaciones en
curso que los pueblos van sedimentando día a día desde abajo, en sus
comunas y consejos comunales, con su organización
autónoma territorial y sus parlamentos; en las fábricas recuperadas; en
las empresas con control obrero; en las comunidades indígenas con sus
históricas modalidades democráticas (no modernas) de existencia y
funcionamiento; etcétera.
Es en el proceso de las fuerzas sociales vivas, en movimiento, con
todas sus contradicciones, donde toma cuerpo la pulseada con el poder:
el histórico concentrado en sus personificaciones e instituciones, y el
que sobrevive en las mentalidades colectivas
producto de siglos de colonización y dependencia cultural.
Salir de ese cerco, proponerse crear y construir modalidades y
caminos diferentes en rumbo hacia una nueva civilización, es lo que da
cuerpo –en apretadísima síntesis‑, a procesos de descolonización. Esta
es parte –intrínseca‑ del proceso de cambio revolucionario
que aspira a superar, a salir, de las redes de la hegemonía milenaria
de mercado y el capital (en lo económico, político, cultural, social,
identitario...), construyendo un modo de vida nuevo, basado en el buen
vivir y convivir para la plenitud humana.
De la participación en las instituciones al empoderamiento popular territorial
El empoderamiento de los pueblos constituye el tercer signo, factor o
componente, que indica la existencia de un proceso revolucionario
encaminado a fortalecer las democracias populares (segundo signo), a la
vez que va sembrando, buscando y abriendo caminos
que posibiliten ir mas allá de la administración del viejo Estado o de
la participación del pueblo en las instituciones existentes, creando
nuevas institucionalidades y afianzando el nuevo poder popular que va
siendo creado y construido desde abajo [4]. En
estos procesos los pueblos desarrollan sus capacidades de gestión y
administración de lo propio (autogobernarse).
Aprendiendo de sus prácticas y en sus prácticas van construyendo
poder propio y lo van ejerciendo. Es decir, hay una dialéctica
permanente entre construir, ejercer y apropiarse del poder [5]. Es una
vía concreta de empoderamiento [6] creciente de los diversos
actores sociopolíticos –reflexión crítica de su realidad mediante‑,
respecto del curso y los destinos de sus vidas. Sus lógicas marchas y
contramarchas e van conformando una interdialéctica constante entre
nuevo poder popular construido, el nuevo poder popular
ejercido conscientemente (empoderamiento) y el nuevo poder popular en
desarrollo. Por ello afirmo que se toma (apropia) lo que se construye.
Porque hacer una revolución no significa “tomar el poder” que existe,
salvo que se pretenda seguir sus reglas.
“Dar vuelta la tortilla” no es el camino…
El poder de lo nuevo que emerge, el poder popular revolucionario, no
es el resultado de un acto de “toma del poder” del capital, que expulsa a
los capitalistas de las empresas y a sus representantes en el Estado,
para colocar en su lugar a funcionarios revolucionarios.
“Dar vuelta la tortilla” no resuelve los problemas, por el contrario,
garantiza la continuidad del dominio de la lógica del capital
enmascarada tras nuevas fachadas políticas.
Formar una nueva cultura, crear y construir una nueva civilización,
anclada en los modos de vida comunitario y comunal autogestionarios,
implica no solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los
rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta
de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción
mundialmente contaminantes y contagiosos, así como también de las
enseñanzas de las experiencias socialistas del siglo XX.
La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una
nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es
–a la vez que un empeño local‑ parte de un proceso transformador
universal, que tiene su centro en la conformación
de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que
–conscientemente‑, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora
creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y
sostenerlo.
En las comunidades indígenas originarias o indígenas campesinas de
Bolivia, por ejemplo, el empoderamiento comunitario, histórico, se ha
desarrollado y consolidado al fragor de las luchas para poner fina a las
relaciones excluyentes del poder del capital
propio de la modernidad [7]. Estas comunidades tienen identidad,
cultura, modo de vida, modalidades productivas, sabiduría, saberes,
pensamiento, historia, cosmovisión y cosmopercepción propias, que
sobrevivieron a la avalancha de la modernidad llegada con
la colonia ‑conquista, crimen, exclusión y colonización mediante‑.
Tienen formas, que pueden denominarse democráticas para facilitar la
comprensión, pero que en realidad son formas comunitarias de convivencia
colectiva, ancladas en la consulta, la toma de
decisiones horizontal (en el sentido que se decide en común), y la
sistemática devolución a la población por parte de las autoridades de
turno. La rotatividad de los cargos, por ejemplo, garantiza la
preparación de la mayoría para ejercer funciones de organización
y conducción de la comunidad. Tal vez fue por una necesidad de
sobrevivencia, pero lo cierto es que la rotación en los cargos de
responsabilidades, que en la sociedad contemporánea resulta traumática,
en las comunidades indígenas es parte del proceso natural
de la vida.
Aisladas de las dinámicas centrales del poder dominante hegemónico,
las formas “democráticas” comunitarias de organización y convivencia, el
modo de vida de las comunidades, no representaban una “amenaza” al
poder constituido. Pero, ¿qué ocurre cuando los
pueblos de las comunidades se constituyen en gobierno o en parte de un
gobierno que los representa, que los reconoce y promueve el
reconocimiento político, económico y cultural de la diversidad que estas
comunidades representan, que reconoce su justicia comunitaria,
los códigos de convivencia y todo lo que ellas representan como
baluarte civilizatorio?
La asamblea constituyente, reconoció 36 nacionalidades indígenas
originarias. No tiene caso ahora entrar en que si realmente son 36, si
son más o son menos, lo central es que a partir de entonces Bolivia se
reconoce como un Estado Plurinacional.
La plurinacionalidad es, desde los cimientos, un reto al poder
uninacional y monocultural implantado a sangre y fuego por la colonia
todos los órdenes de la vida social, particularmente, en las
subjetividades. Su reconocimiento político, jurídico, económico
y cultural implica la apertura de un tiempo en el que se visibiliza la
pugna de poderes históricamente invisibilizados por el abigarramiento
social, como definió sobresalientemente Zabaleta Mercado. Ese
abigarramiento permitía disimular capas geológicas sociales
y mostraba engañosamente una Bolivia única, pero en tiempos de crisis
esas capas afloraban y la desigualdad se manifestaba en toda su
diversidad, plenitud y contradicciones.
La pulseada con el poder se da en todos los órdenes, en todas las dimensiones
El tiempo de cambios revolucionario es –por excelencia‑ un tiempo de
debate entre los poderes constituidos del capital y el nuevo poder
popular naciente, instituyente. Ahora bien, ¿qué significa esta
afirmación para la acción política?
Que las contradicciones pululan. No solo entre los polos sociales
históricamente enfrentados (pueblo-oligarquía), sino también en el seno
de la multiplicidad de sectores y actores sociales que componen la
diversidad del pueblo. Esta diversidad, es también
cultural, identitaria, económica, de modos de vida… y se expresa en las
percepciones, el diagnóstico, las propuestas, creaciones y
construcciones.
¿Cómo imaginar, por ejemplo, que en la nueva situación política que
viven los pueblos de Bolivia, que pone en cuestión (crisis) los valores
hasta hace poco considerados universales y reconoce el poder (saberes,
normas de convivencia, culturas, identidades…),
de aquellos /as a los/as que siempre les fue negado, no acarreará
roces, disputas y hasta batallas encarnizadas –aunque sordas‑ por
conservar el predominio y uso exclusivo del poder y el saber ‑de una
parte-, y –por otra‑, para visibilizar, afianzar y ampliar
el poder ancestral ahora amplificado hacia un poder compartido en
convivencia con múltiples culturas e identidades, que pretende llegar a
ser intercultural?
Se trata de una interculturalidad anudada con procesos de
descolonización para la construcción de un horizonte común que
contribuya a organizar y traccionar las luchas hacia la convergencia
colectiva de un objetivo estratégico compartido (conducción
sociopolítica
y cultural de las luchas).
La descolonización intercultural articulada con la batalla
político-cultural devienen en cualidad constituta del núcleo central de
los procesos de cambio sociales y creación del nuevo poder popular. En
virtud de ello, Bolivia ha definido a su proceso revolucionario
como “democrático intercultural en descolonización”. En Venezuela, ello
es parte de lo que el Presidente Hugo Chávez conceptualizó como
“socialismo del siglo 21”.
La descolonización es un enfoque, una perspectiva, un posicionamiento
colectivo omnipresente. No se propone como revancha contra los
conquistadores europeos, ni contra los “blancos” aunque, ciertamente,
estos sectores son los que mayores beneficios han extraído
de los estados monoculturales.
Habrá intensidades diferentes en los procesos descolonizadores, de
ahí que la interculturalidad caracteriza, atraviesa y alimenta el
proceso. Pero no basta con enunciarla; ella misma está bajo la égida de
la colonización del capital y sus modalidades de
existencia y por tanto es parte también de la descolonización.
Alejándose de cualquier intento fundamentalista al respecto, la
propuesta de descolonización e interculturalidad se enriquece y se
retroalimenta en todo momento histórico a partir de las experiencias
y proyecciones de los sujetos propios de cada tiempo, interactuando
mutuamente para abrir nuevos horizontes a los actores sociales que
protagonizan el proceso vivo de cambios raizales.
Del empoderamiento popular a un nuevo tipo de Estado, comunal o comunitario
El poder popular que germina en los territorios, en las comunas, en
las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en los sindicatos de
nuevo tipo, en las empresas recuperadas… es la base de la existencia y
posibilidad de constituir otra geometría del poder.
Ese poder que, en el caso de las democracias populares, nace de ciertos
ámbitos de cogobierno, pero ‑poco a poco o a saltos‑, va asumiendo
autónomamente responsabilidades de autogobierno en sus territorios,
modificando las tradicionales funciones de “lo estatal”
nacional, a la vez que va constituyendo las bases de una nueva
institucionalidad anclada en el poder popular. Este sería el signo
característico de las democracias revolucionarias.
En arduo tránsito hacia ella se encuentra hoy, por ejemplo, el
proceso bolivariano de Venezuela, donde el pueblo ha venido creando y
construyendo –con el impulso inicial de las ideas y el apoyo
institucional y moral del Presidente Hugo Chávez‑, las bases
del nuevo poder popular, el poder comunal (rural y urbano).
La construcción de nuevas relaciones de poder, en el caso de las
comunas bolivarianas, son las simientes de un nuevo poder popular en
proceso estratégico instituyente de un nuevo Estado, el Estado Comunal.
Esto replantea las relaciones preexistentes establecidas
con el Estado instituido y sus aparatos estaduales, municipales, etc.
Se replantean también las relaciones con otras personificaciones
políticas, ya que el crecimiento del poder popular territorial reclama
relaciones de horizontalidad en la toma de decisiones
que hacen a su vida en las comunas y consejos comunales y esto genera
resistencias en algunos sectores del funcionariado estatal, provincial
(estadual), departamental, incluso en las filas del partido gobernante
en algunas instancias de su representación en
los ámbitos territoriales. La lucha de poderes en el seno del pueblo
entre lo nuevo que germina y crece y remueve a su vez las anquilosadas
estructuras de lo viejo que se resiste a ser desplazado, se hace
evidente.
Nacen nuevas contradicciones entre poderes y se plantean encarnizadas
disputas entro lo viejo y lo nuevo. Esto, lejos de ser una debilidad es
un signo de vitalidad revolucionaria de los procesos de cambio y sus
sujetos. Es parte de una batalla política,
ideológica y cultural entre poderes en pugna. De ahí que, apoyar los
procesos de empoderamiento popular que germinan desde abajo está –o
debería estar‑ entre las tareas políticas de quienes se posicionan como
conducción política de los procesos revolucionarios:
no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo y escucharlo, apoyar
sus iniciativas para construir el presente y el futuro conjuntamente,
contribuyendo a consolidar y potenciar el protagonismo y empoderamiento
creciente de los pueblos.
No se trata de un camino gradualista…
Al abordar este nudo problémico he recorrido varias dimensiones de la
relación Estado-participación ciudadana-empoderamiento popular. Para
ello he seguido un orden lógico expositivo que podría sugerir que se
asume una perspectiva lineal-gradualista: primero
un paso, luego el otro… Pero no es así; al contrario. Se trata de una
secuencia interarticulada y yuxtapuesta de procesos y factores
concurrentes que hace que cada uno de ellos sea posible por ‑y en‑ su
interacción con otros. Se puede distinguir analíticamente
tal vez un tiempo de inicio, pero en realidad todos los signos que
caracterizan uno u otro momento del proceso, se auto-gestan uno en el
otro, potenciándose entre sí. Es así como algunas de sus características
que, en un inicio, parecían secundarias o intrascendentes
van adquiriendo predominio ‑entre contradicciones, tiranteces y dudas‑,
y van alterado su relevancia, su centralidad… aunque sin desaparecer.
Notas:
[1] Ver: Rauber Isabel (2012). Revoluciones desde abajo. Gobiernos
populares y cambio social en Latinoamérica. Ediciones Continente-Peña
Lillo, Buenos Aires; pp. 56-62.
[2] Desde abajo=desde la raíz. Reitero el significado de este
concepto dada la difundida interpretación vulgar que lo simplifica e
identifica con un indicativo de lugar: “lo que está abajo” y,
consiguientemente, lo contrapone a “lo que está arriba”. La construcción
de poder popular desde abajo expresa una lógica de transformación
raizal protagonizada por los sujetos sociopolíticos del campo popular en
proceso histórico social de reconstrucción de su poder y no un lugar
para hacerlo.
[3] Ver: Isabel Rauber (2006). Sujetos Políticos. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; pp. 101-106.
[4] Estos signos, entre otros, no constituyen pasos ni etapas; son
parte de procesos continuos y yuxtapuestos de empoderamiento popular que
se van abriendo cauces en el contradictorio y sinuoso proceso de luchas
contra el orden establecido y la creación-construcción
de un nuevo orden social.
[5] Esto fortalece la toma de conciencia acerca de que la capacidad
de poder es inherente al ser humano para luchar por su vida, y acerca
del poder (propio) construido.
[6] Apropiación consciente, con sentido de pertenencia.
[7] Las categorías de modernidad, lo moderno, premoderno o
posmoderno, útiles en el plano analítico, no suponen la existencia de
compartimentos estancos entre actores sociales diversos. Todos
interactúan y se interrelacionan; llevan siglos conviviendo
bajo el dominio del capital y su lógica de mercado y todos, en
diferentes intensidades, magnitudes, etc., han sido permeados por su
hegemonía y su lógica.
Este texto es parte de un libro actualmente en proceso editorial.
Por
Isabel Rauber* * Doctora en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”;
escritora. Profesora adjunta de la facultad de Filosofía de la
Universidad de La Habana.
