miércoles, 30 de octubre de 2013

BASTA DE CRIMINALIZAR LA POBREZA Y LA PROTESTA SOCIAL


Desde la CTA Regional Río Cuarto, queremos hacerle llegar nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Jorge Reyna de 17 años, quien apareció muerto en el calabozo en la comisaría de Capilla del Monte. Reyna no tenía marcas en el cuello, y tenía golpes en todo el cuerpo.
El pibe vivía en San Esteban, cerca de Capilla y supuestamente esa noche fue detenido por robo. Venía desde hace meses denunciando ante la fiscalía de Cosquín, que estaba siendo perseguido y hostigado por la policía para que vuelva a consumir y robe para ellos. La misma situación contaba él, vivían sus primos y hermanos.
Ante estos hechos el pueblo de Capilla del Monte salió a repudiar la muerte de Jorge y a  pedir justicia. En este marco fue detenido el periodista local Sebastián Lamartine, comunicador que estaba transitando por una calle lejana a los disturbios. Fue testigo de un enfrentamiento y se lo llevaron preso. Todavía está detenido por el Código de Faltas sin acusación. No es el único.
Desde la CTA de Río Cuarto repudiamos el accionar policial, nos solidarizamos con los compañeros que están siendo perseguidos, acosados y detenidos, y exigimos justicia por la muerte de Jorge Reyna.



Comisión Directiva CTA Río Cuarto


Seminario “La construcción de poder popular desde abajo, el desafío del sujeto plural articulado”


En un trabajo conjunto la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), organizan el Seminario denominado “La construcción de poder popular desde abajo, el desafío del sujeto plural articulado”, a cargo de la Doctora en Filosofía Isabel Rauber.
Rauber es profesora e investigadora de temas relacionados a movimientos sociales, procesos emancipatorios, gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica y estará dictando el seminario en la UNRC los días Jueves 7 de 16 a 18.30 Hs. y el viernes 8  de noviembre de 9 a 12 Hs. Las actividades se desarrollarán en el Aula 2 del Pabellón 2 de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Por otro lado el mismo Jueves 7 a las 19.30 Hs. presentará su libro “Revoluciones desde abajo” de la Editorial Continente, en el Auditorio Atilio López de la Asociación de Trabajadores de la Argentina (ATE) ubicado en calle Cabrera 467.
Quedan todos cordialmente invitados.

Soberanía comunicacional Un paso adelante en la democratización de la libertad de expresión

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. Esta decisión era esperada por los sectores populares de nuestro país como un requisito necesario, aunque no suficiente, para avanzar en la democratización de nuestra sociedad".


La declaración del Observatorio del Derecho Social y la Asesoría Jurídica de la CTA prosigue: "La necesidad de una nueva Ley de Medios había sido planteada desde hace años por numerosas organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales, quienes reclamábamos la urgente revisión del marco regulatorio que había sido dictado por la última dictadura militar.
"En tal sentido, la discusión de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales generó un consenso a lo largo de amplios sectores de nuestro pueblo y, por ello mismo, el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de ayer debe celebrarse.
"Esta resolución se inscribe en una saludable tradición de la Corte que, en los últimos años, dictó fallos muy importantes en materia de derechos laborales. El cuestionamiento constitucional a la Ley de Riesgos del Trabajo, la impugnación de numerosos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales, la reinstalación de activistas despedidos por su participación en la fundación de organizaciones sindicales, la reafirmación de trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, todos aspectos en los que la Corte ha establecido un criterio de ampliación de derechos.
"En esta ocasión, la resolución de la Corte ha convalidado una ley en cuya conformación hemos sido partícipes junto con muchas otras organizaciones, y que por tanto reivindicamos como propia.
"La Ley de Medios Audiovisuales es constitucional. Los trabajadores ya lo sabíamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha reconocido.
"La implementación de sus disposiciones se ha demorado largamente, no sólo como consecuencia de las acciones judiciales que suspendieron su vigencia exclusivamente para quienes las emprendieron, sino también por la inacción de la autoridad de aplicación.
"De ello pueden dar cuenta los numerosos medios comunitarios que han venido reclamando la aplicación integral de la ley desde hace años, y en particular han cuestionado la aplicación sesgada del tercio del espectro reservado para los medios sin fines de lucro.
"Finalmente, es necesario seguir reivindicando la intervención estatal en la regulación de los grupos económicos. Sólo así será posible avanzar definitivamente por un camino de democratización y emancipación que, a 30 años de culminada la última dictadura militar, todavía se encuentra pendiente", concluye el comunicado del Observatorio del Derecho Social y la Asesoría Jurídica de la CTA.

Debate e integración “El 93% del empleo en Bolivia está concentrado en las microempresas”

Lo señaló en Río Cuarto la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales. Fue durante una disertación en la Universidad. Aseguró que los logros de Evo Morales “son irreversibles” y destacó el rol del pueblo.


La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Teresa Morales, señaló el martes en Río Cuarto que una de las prioridades del Gobierno de Evo Morales es lograr un crecimiento industrial con sustentabilidad, priorizando el medio ambiente, con el propósito de generar nuevas fuentes laborales y que permita mejorar la distribución del ingreso en la población.
La funcionaria boliviana disertó el martes sobre “Cambio Político en América Latina: la situación de Bolivia”, en el aula mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de las “Segundas Jornadas Latinoamericanas de Pensamiento Crítico. Capitalismo en el nuevo siglo: el actual desorden mundial”.
“No vamos a traicionar el proceso de cambio y estamos seguro que Evo, en las elecciones del año próximo logrará un tiempo adicional a su mandato. Nuestra lucha no va a retroceder, nuestros logros son irreversibles, la revolución de Evo Morales es irreversible, lo que ha cambiado Evo no lo va a volver a revertir nadie. Nadie puede pensar una Bolivia como la anterior, nadie puede pensar una Bolivia sin Evo y sin los indígenas”, remarcó la funcionaria de Bolivia.
Durante su disertación de casi una hora, Morales repasó una serie de datos que muestran la realidad de Bolivia. Precisó que “el 94 por ciento de las unidades productivas son de pequeña escala, tienen entre uno y cuatro empleados y el 93 por ciento del empleo está concentrado en estas microempresas”.
Agregó que “el 91 por ciento de los pobres en Bolivia está vinculado a estas pequeñas unidades productivas y menos del 1 por ciento pertenece a las grandes empresas”.
“El 10 por ciento de la tierra está en manos de 600 mil unidades productivas de campesinos, el 90 por ciento de la tierra está en manos del 10 por ciento de las unidades económicas rurales. Todo esto implica condiciones de desigualdad en la distribución de los recursos productivos donde los pobres no tenían acceso al crédito ni a los recursos naturales ni mayores patrimonios”, graficó Morales para mostrar la realidad de su país cuando llegó Evo Morales a la presidencia en enero de 2006.
En diálogo con los periodistas, remarcó que “las unidades económicas pequeñas eran desconsideradas por el sistema capitalista liberal y sólo era sujeto de políticas sociales y no de políticas económicas. La mayor parte de la gente que tiene unidades productivas pequeñas rurales o urbanas pertenece a gente de extracción aymara, indígenas campesinos que son portadores de un proyecto alternativo al sistema capitalista”.
Sobre los desafíos en materia económica de su Gobierno, la ministra dijo que “la industrialización es general, pero sostenible; es decir, mayor inversión, con menos rentabilidad para evitar el daño ambiental”.
-¿Esto es un aprendizaje de lo que significó la guerra del agua y del gas?
- Por supuesto que sí, el aprecio por la explotación sana de los recursos naturales es algo que ha aprendido el pueblo boliviano, sobre la base de su propia guerra del gas, guerra del agua. El desafío está en lograr un equilibrio entre la explotación de recursos renovables y no renovables para que ninguno haga daño al otro.
“El sujeto del cambio en Bolivia surgió en el año 2005 tras diversos procesos de revolución que fracasaron y se trató de la explosión del problema del agua en Cochabamba durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y los sujetos del cambio no fueron los mineros, ni los trabajadores de la Central Obrera Bolivianos ni los movimientos campesinos, fueron los regantes y los vecinos en una protesta por el precio del agua”, dijo.
-En el actual contexto, ¿es posible una integración de los países latinoamericanos?
- Es nuestra lucha, es nuestra gran patria, la patria de Chávez, de Evo y de Correa. Hoy nos estamos mirando a los ojos y viendo como latinoamericanos que es posible hacer otra nueva América Latina.
Fuente: Diario Puntal de Río Cuarto
* Equipo de Comunicación de la CTA Río Cuarto       

lunes, 28 de octubre de 2013

Río Cuarto: Emergencia sanitaria Reclaman otra vez por la falta de insumos en el Hospital

Hubo el viernes una jornada de protesta por la escasez de medicamentos y materiales. La medida se extendió a otras ciudades. Además, la dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud de la Provincia de córdoba (UTS-FESPROSA), Sandra Sommadossi, pide una nueva escala salarial que sea más equitativa.


En el Nuevo Hospital volvió a instalarse el viernes el reclamo por la escasez de insumos. Representantes de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) “exteriorizaron” la situación que se está viviendo en el centro de salud provincial: pegaron carteles en los ingresos del edificio y realizaron una asamblea para analizar posibles acciones de protesta.
Ahora, la expectativa está puesta en una reunión que los gremios ATSA (Asociación de Trabajadores de la Salud), UTS y SEP (Sindicato de Empleados Públicos) tendrán esta semana con la conducción del Hospital. La convocatoria al encuentro fue realizada por el director, Héctor Schiaroli, y el tema central es, precisamente, la provisión de los insumos básicos para la prestación de la salud. Según vienen denunciando la UTS y la Asociación de Profesionales, hay problemas constantes y permanentes en el stock de medicamentos y material médico.
Sandra Sommadossi, de la UTS, planteó que la situación no ha variado en el último mes, cuando comenzó a denunciarse en Río Cuarto, tal como viene ocurriendo en otros hospitales de la provincia, respecto a los inconvenientes que hay con la provisión de insumos.
“Los trabajadores que están cotidianamente en contacto con el paciente y saben qué falta cada día para brindar una buena asistencia, están preocupados. En este momento, se está solicitando a los familiares de los pacientes que compren los insumos o los medicamentos que faltan. Por ejemplo, los tratamientos de antibióticos pueden llegar a cortarse en algunos momentos o hay que cambiarlos, lo cual no siempre es bueno”, manifestó Sommadossi.
Y agregó: “Queremos que la población empiece a informarse e interiorizarse de que faltan insumos y, además, que los trabajadores debemos hacer mucho esfuerzo para brindar la atención adecuada. Y, por otro lado, lo que se hace se da en un marco de precariedad y de irregularidad en la llegada de los insumos. Eso atenta contra la salud de la población. Que en la Guardia de Pediatría no haya jeringas adecuadas para dar un tratamiento a los niños tiene un impacto en la salud de la población”.
La jornada de protesta que se realizó en el Nuevo Hospital de Río Cuarto formó parte de una medida de mayor alcance, que implicó que se replicara a nivel provincial la manifestación de los problemas con los insumos.
Además, los trabajadores de la salud señalaron que falta personal en algunas áreas. Cuando se iniciaron las denuncias, Schiaroli minimizó la situación y aseguró que los inconvenientes eran puntuales y focalizados en el 3 por ciento del stock de medicamentos.
“Nosotros no tenemos ningún interés particular sino brindar una atención adecuada y de calidad. Pero también, como trabajadores nos queremos defender de posibles consecuencias que puede llegar a generar la falta de insumos o el cambio de algún medicamento. No queremos polemizar con la conducción sino entablar un diálogo. Por suerte, la próxima semana habría una reunión”, indicó la representante de la UTS.
Otro reclamo que están planteando desde el gremio es la reapertura de la discusión salarial. Pero el eje no es un aumento general sino en la escala de sueldos según las categorías. “Lo que ha gestado este gobierno es una inequidad muy grande. No queremos discutir un porcentaje de aumento para todos los trabajadores sino que se empiecen a erradicar esas inequidades. Hoy hay poca gente con buenos salarios y un amplio grupo que no llegan a los 5 mil pesos por mes”, indicó Sommadossi.
Fuente: diario Puntal de Río Cuarto
* Equipo de Comunicación de la CTA Río Cuarto       

Comienzan las Segundas Jornadas Latinoamericanas de Pensamiento Crítico


Desde este martes y hasta el jueves 31 tendrán lugar en el campus las “Segundas Jornadas Latinoamericanas de Pensamiento Crítico. Capitalismo en el nuevo Siglo: el actual desorden mundial”.

En la oportunidad también se desarrollará el “9º coloquio internacional anual de la sociedad latinoamericana de economía política” (SEPLA) en conjunto con el “Seminario internacional de la red de economía mundial” (REDEM).

Se desarrollarán paneles con intelectuales de distintos países de América Latina en los que se abordarán los principales temas que atañen hoy al debate de la economía política a nivel global.

El profesor Fernando Lagrave, coordinador general de la actividad, comentó que el evento tiene una marcada trascendencia que va más allá de lo académico: “es un hecho que implica pensar y reflexionar la situación actual desde América Latina con intelectuales y gente que milita en distintos espacios de América Latina. Son personas que han tenido y tienen responsabilidades de gestión con lo cual creo que es una oportunidad no solamente para que se acerquen quienes participan con las más de 120 ponencias, sino todo el público y la comunidad universitaria en general”.

El Profesor Lagrave confirmó que la conferencia inaugural de las Jornadas estará a cargo de la Lic. Teresa Morales, Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Plurinacional de Bolivia. Morales disertará sobre “Cambio Político en América Latina: la situación de Bolivia”. Será desde las 15 hs en el aula mayor del campus universitario.

“Nos impacta y nos honra que participe la Lic. Morales quien hablará sobre los cambios políticos en América Latina y el caso concreto de Bolivia que es quizás uno de los más interesantes. También estarán participando Luis Rodríguez García, ex Ministro de Economía de Cuba y profesionales y referentes de México, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay”, destacó Lagrave.


El encuentro es organizado por la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM), Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FIsyP) y el Instituto de Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

jueves, 17 de octubre de 2013

Micheli en Santa Fe

En el marco de llevarse adelante un Encuentro Provincial de la CTA Santa Fe, hoy a las 10, en 9 de julio 2335 -primer piso, de la ciudad de Santa Fe, en la sede local del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA)-, el Secretario General de la CTA, Pablo Micheli, brindará una Conferencia de Prensa junto a referentes de las organizaciones locales.
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Serán parte de la conferencia los siguientes temas:
· Salario, precarización laboral y condiciones de salud y seguridad de los trabajadores.
· Situación habitacional de los trabajadores, acceso a la tierra, hábitat y vivienda.
· Programas de Empleo Nacionales que no llegan a los Santafesinos.
· Baja de la Edad de la imputabilidad.
· Criminalización de la protesta social.
· Campaña nacional en defensa de la soberanía por los bienes comunes.
Participarán dirigentes e invitados de las siguientes organizaciones de la CTA Santa Fe y la Multisectorial: Docentes Universitarios del Litoral; Agrupación ANUSATE en ATE Santa Fe; MOI- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos; MST- Movimiento Socialista de los Trabajadores; MTL- Movimiento Territorial Liberación; CCC-Corriente Clasista y Combativa; Asociación Civil Juanito Laguna.
Fuente: www.sinmordaza.com

De Gennaro presentó en Villa María una iniciativa para “democratizar los sindicatos”

El diputado dio una charla en el marco del debate que se está dando a nivel nacional sobre este tema.
imagenes(Eldiariocba.com) Víctor De Gennaro estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA y candidato a diputado nacional por UP en la lista del Frente Progresista Cívico y Social de Córdoba, Juan Carlos Giuliani;  Hugo Eusebio de UTRACOS;Camilo Rodríguez de la Federación de Jubilados Municipales de la Provincia de Córdoba  y el secretario general de la CTA Córdoba,  Oscar “Cacho” Mengarelli, en su primera aparición pública tras el grave accidente que sufrió tiempo atrás.
“Ha­ce 30 años que re­cu­pe­ra­mos la de­mo­cra­cia, pe­ro hay dos sec­to­res en los que to­da­vía no en­tró. Uno es el de las fuer­zas de se­gu­ridad, que no per­mi­ten la sin­di­ca­li­za­ción y el otro, es don­de se ge­ne­ra la ri­que­za, por­que en el 84% de las em­pre­sas pri­va­das del país no se eli­gen de­le­ga­dos”, plan­teó el di­pu­ta­do na­cio­nal de Uni­dad Po­pu­lar, Víc­tor De Gen­na­ro, quien ayer es­tu­vo en Vi­lla Ma­ría.
En fun­ción de ese aná­li­sis, ela­bo­ró un pro­yec­to de ley que se­rá pre­sen­ta­do en di­ciem­bre en el Con­gre­so de la Na­ción, en el que im­pusa, en­tre otras me­di­das, el re­co­no­ci­mien­to “con la sim­ple ins­crip­ción” de las or­ga­ni­za­cio­nes gre­mia­les. Ac­tual­men­te, los gre­mios que se con­for­man tie­nen que tra­mi­tar en el Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo la Per­so­ne­ría Gre­mial. “Ar­gen­ti­na es el úni­co país que tie­ne esa exi­gen­cia, pe­se a que la Cons­ti­tu­ción es­ta­ble­ce que el úni­co re­qui­si­to es re­gis­trar­se”.
Re­cor­dó que des­de la CTA (cen­tral fun­da­da en los ´90 en­tre otros, por el pro­pio De Gen­na­ro) hi­cie­ron un plan­teo en la Or­ga­ni­za­ción In­ter­na­cio­nal del Tra­ba­jo, que dic­ta­mi­nó en 16 opor­tu­ni­da­des “afir­man­do que el sis­te­ma de Per­so­ne­ría Gre­mial otor­ga­do por el Es­tdo es­tá sien­do uti­li­za­do pa­ra obs­ta­cu­li­zar la or­ga­ni­za­ción sin­di­cal y con­ce­der pri­vi­le­gios a al­gu­nas es­truc­tu­ras en des­me­dro de otras representaciones”.
Agre­gó que co­mo an­te­ce­den­tes cuen­tan con un fa­llo de la Cor­te Su­pre­ma de Jus­ti­cia que ase­ve­ra que cual­quier or­ga­ni­za­ción es­tá en con­di­cio­nes de re­pre­sen­tar a los tra­ba­ja­do­res.
El an­tepro­yec­to es­ta­ble­ce, en­tre otros pun­tos, el de­re­cho de or­ga­ni­zar­se sin ne­ce­si­dad de au­to­ri­za­ción pre­via, con­tar con ga­ran­tías sin­di­ca­les pa­ra los de­le­ga­dos de los gre­mios sim­ple­men­te ins­crip­tos, li­ber­tad pa­ra afi­liar­se a cual­quier or­ga­ni­za­ción gre­mial y el drecho a la ne­go­cia­ción co­lec­ti­va “por­que ac­tual­men­te hay gre­mios de pri­me­ra, que tie­nen per­so­ne­ría otor­ga­da por el Es­ta­do y de segunda, que son las sim­ple­men­te ins­crip­tas”.
Ase­gu­ró que hay 3.565 or­ga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res que es­tán es­pe­ran­do la per­so­ne­ría, en­tre ellas, la Uniónd e Trabajadores de comercio y Servicios (UTRACOS-CTA), con­for­ma­da en Vi­lla Ma­ría tras la rup­tu­ra con el Cen­tro de Em­plea­dos de Co­mer­cio.
Al res­pec­to, Hu­go Eu­se­bio, uno de los fun­da­do­res de UTRACOS, des­ta­có que ha­ce ocho años vie­nen “pe­re­gri­nan­do” en el Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo pa­ra ob­te­ner la Per­so­ne­ría sin re­sul­ta­do. “Es­ta­mos pre­pa­ra­dos pa­ra ir a re­cla­mar­la a la Jus­ti­cia”, plan­teó. El gre­mio, que nuclea a tra­ba­ja­do­res de co­mer­cio y de ser­vi­cios, tie­ne in­fluen­cia en Vi­lla Ma­ría y al­gu­nas lo­ca­li­da­des de la zo­na. Cuen­ta con 200 afliados y de­le­ga­dos en seis es­ta­ble­ci­mien­tos.
“En definitiva, este proyecto de ley busca darle poder a los representados”, concluyó Víctor De Gennaro.

martes, 15 de octubre de 2013

ATE entregó camisetas en Sportivo Municipal

El 10 de octubre de 2013 quedará marcado como el día en que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) se llegó hasta pleno corazón de barrio Santa Rosa para hacer entrega de un conjunto de camisetas para la categoría 2004 de Sportivo Municipal.


El barrio Santa Rosa no es ajeno a ATE porque hasta hace muy poco tiempo la seccional Río Cuarto funcionaba en ese sector (San Lorenzo y Belgrano). Y Sportivo Municipal tampoco lo es al sindicato de trabajadores estatales por que la entidad tiene un fuerte arraigo con los trabajadores municipales (el 70 % del padrón de ATE está conformado por municipales).
Es por eso, que los dirigentes de ATE se llegaron hasta el estadio “comunal” para hacer entrega de un conjunto de camisetas para los niños que participan en la categoría 2004.
Estuvieron presentes Federico Giuliani, Secretario General, Javier Murúa, Secretario Pro Gremial, y Julia Giuliani, Secretaria de Prensa. Por su parte, además de los niños que recibieron con agrado y entusiasmo su nueva camiseta, participaron los padres y madres que colaboran en las categorías inferiores de la institución. Entre ellos se encontraba "Pepe" Capello, quien es afiliado al sindicato de los trabajadores estatales.
En la entrega, Giuliani felicitó a los padres por el trabajo silencioso y anónimo de todos los días para sacar a los chicos de la calle y anunció que desde ATE seguirán colaborando solidariamente con la copa de leche para el 2014 y con la distribución de equipos para el resto de las categorías.
“El club se encuentra muy abandonado por la falta de políticas publicas del municipio y no por casualidad sino porque se especula con negocios inmobiliarios por parte de algunos allegados al ejecutivo nos comentaban los vecinos del sector”, manifestó Federico Giuliani.
Fuente: www.altoquedeportes.com.ar
* Equipo de Comunicación de la CTA Río Cuarto       

Ni un pibe menos Caminar en la oscuridad, bajar la edad de imputabilidad a los menores

A 33 años del anuncio de que el Premio Nobel de la Paz 1980 le sería otorgado, Adolfo Pérez Esquivel escribió una nota sobre la problemática de la infancia, los adolescentes en situación de riesgo social y la baja de edad de imputabilidad.


“Los chicos que delinquen son víctimas de una sociedad injusta” expresó criticando la vanalización de la temática para fines electorales que realizan algunos candidatos.
Remarcó que hay muchos jóvenes que son doblemente víctimas, por un lado del crimen organizado que los obliga a delinquir y por otro del Estado que los persigue y encierra sin brindarles la protección que les corresponde. Y realizando un llamado a los funcionarios “a que se levanten de sus cómodos sillones del parlamento, y recorran los barrios”, les preguntó: “¿Acaso algunos de ustedes les preguntó a esos chicos cuál es su seguridad?”.
Destacando el trabajo que viene realizando el Servicio Paz y Justicia Argentina a través de sus Aldeas de Jóvenes para la Paz y el trabajo en calle, finalizó recordando que “las alternativas existen, simplemente hay que asumirlas y ponerlas en práctica”.
Aquí el artículo completo:
"Lamentablemente estamos asistiendo a una campaña electoral donde abundan candidatos que hablan de la “seguridad” reduciendo todo a las cámaras de vigilancia y a más medidas represivas, pero que no hablan de cómo enfrentar el problema del crimen organizado como la trata, el narcotráfico y los talleres esclavos, ni tampoco de la desigualdad, la marginalidad, la violencia social y estructural. Que no tienen la capacidad, ni la voluntad política de enfrentar el grave problema que viven los niños en estado de riesgo social, ni de la complicidad de ciertos sectores de poder con esas redes mafiosas.
Los chicos que delinquen son víctimas de una sociedad injusta.
La seguridad no es sinónimo de poner más policías y endurecer las leyes penales. Llevar militares a hacer tareas de gendarmes y llevar gendarmes a hacer tareas de policías diciendo que eso es seguridad, genera mayor inseguridad y malestar. Es fortalecer un Estado represivo por sobre el Estado de derecho, atentando contra las funciones para las cuales fueron creadas esas instituciones. La seguridad es proteger derechos y penar al que los violan más allá de su clase social, siempre dentro del Estado de Derecho. Los militares están formados para destruir al enemigo, no para proteger derechos civiles.
El Evangelio es muy claro para los creyentes, los no creyentes y los pertenecientes a otras religiones: "Lo que le hagas a uno de estos niños, a mi me lo haces”.
Lamentablemente hay funcionarios que quieren bajar la edad de imputabilidad de los chicos, a quienes acusan de delincuentes, y guardan silencio al ver que esos niños son víctimas de una sociedad injusta que los margina, los persigue, los explota y denigra.
Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que represento, llevamos muchos años de trabajo junto a jóvenes en estado de riesgo social y hablamos desde la práctica cotidiana. Junto con otras organizaciones sociales, formamos un espacio para la vida y la esperanza, con educación y participación. Estas son las Aldeas de jóvenes para la Paz, que brindan capacitación laboral, educación y recreación.
Por eso invito a los legisladores y otros funcionarios a que se levanten de sus cómodos sillones del parlamento, y recorran los barrios no muy lejos de donde se encuentran, y verán a los chicos abandonados durmiendo en las estaciones de trenes y las calles o siendo forzados a delinquir por redes de crimen organizado como el narcotráfico.
¿Acaso algunos de ustedes les preguntó a esos chicos cuál es su seguridad?
Ningún chico quiere vivir en la calle. Ellos necesitan del amor y la ternura de su pueblo, de sus familias y la comunidad.
Parte de nuestra sociedad ve con indiferencia el sufrimiento de esos chicos que hacen hasta lo imposible para sobrevivir en una sociedad que los castiga, simplemente por ser pobres. Esa actitud indiferente es igual a caminar en la oscuridad social, sin posibilidad de conocer el rumbo.
Hace un par de años, publiqué una nota sobre los “barrios privados” de Tucumán, los que como muchos otros en el país, están privados de escuelas, de asfalto, de centros de salud y de viviendas dignas. Más privados, imposible. Pero eso sí, con mucha seguridad, siempre rodeados de policías y gendarmes. No para protegerlos sino para reprimirlos, y que no molesten a “la gente bien” (con dinero). Todo en nombre de la “seguridad”.
En este sentido quiero recordar al querido hermano que tanto hizo para compartir su vida con los niños, el padre Carlitos Cajade, con los “Chicos del Pueblo”, junto a tantas organizaciones que día a día viven y acompañan a los niños; que reclaman al Estado Nacional y las provincias que implementen políticas públicas y que no cierren sus puertas por falta de recursos, que paguen las becas adeudadas a las organizaciones para continuar el trabajo con los niños. Organizaciones que están sufriendo la falta de atención desde el Estado y que afecta a los niños.
Dentro de esa lucha también está la solidaridad de las madres de los barrios, que unidas tratan proteger a los chicos y procurarles lo poco que tienen.
No podemos desconocer que el gobierno nacional avanzó en algunos aspectos, como es la asignación universal por hijo, que es un avance. Pero aún es insuficiente, hay que generar más espacios educativos y deportivos de contención para los niños y jóvenes, estar abiertos al dialogo, y escucharlos.
Una sociedad que no protege a sus niños, es una sociedad que hipoteca el presente y pierde el futuro.
¿Quién o quienes son responsables de la violencia contra los niños y jóvenes?
Es necesario visibilizar la situación de los jóvenes que son víctimas de las redes de crimen organizado. También es necesario que los padres y educadores, como toda la sociedad, observen la imposición de una cultura de la violencia a través de los medios de comunicación, la falta de valores y el desprecio a la vida. Para los medios, pareciera que las buenas noticias, no son noticia.
Algunos también ejercen violencia al hablar de seguridad buscando sólo el rédito electoral y su propia seguridad. Dejan indefensos a quienes, como los niños y jóvenes, necesitan contención para que se protejan sus derechos con políticas preventivas, en vez de promover encerrarlos en lugares deshumanizantes que sólo fortalecen prácticas delictivas, en vez de desalentarlas.
A ningún niño o joven se le debe robar la esperanza para que pueda sonreirle a la vida. Las alternativas existen, simplemente hay que asumirlas y ponerlas en práctica", concluye la declaración de Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz y Presidente del Servicio Paz y Justicia.
Fuente: www.rebelion.org

Cuatro años de la aprobación de la Ley Audiovisual: Un balance

El curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que cumple cuatro años desde su aprobación por el Congreso, es realmente peculiar.


* Profesor e investigador UNQ, UBA, Conicet. Periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su texto permanece sin concretarse, pero el gobierno lo invoca para operar cambios en el sistema de medios en un marco de excepcionalidad a la propia ley, en tanto que sus detractores acusan a la ley elogiada por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA de atentar contra la opinión libre mientras convivieron cómodamente durante lustros con un marco normativo firmado por Jorge Videla.
Unos y otros se arrogan la representación del interés público mientras alientan distintas variantes de concentración de la propiedad de los medios.
A menos que se reemplace el análisis por la consigna anabolizada de fanatismo, el aniversario de la sanción de la ley reconoce paradojas, cambios en la propiedad, conflictos desconocidos entre actores emergentes y viejos protagonistas del sector, y numerosas incógnitas sobre el futuro no sólo de la regulación audiovisual sino del sistema de medios en la Argentina.
Nunca antes la sociedad había discutido tanto, y tan intensamente, sobre los intereses y la regulación de los medios, poniendo así en entredicho su inmaculada concepción y la ideología de objetividad e independencia a la que tributaba el campo mediático desde hacía décadas. Nunca antes el sistema político y el Poder Judicial se enredaron tanto en las reglas de juego de los medios. La pendiente sentencia de la Corte sobre la causa iniciada por el grupo Clarín que suspendió la aplicación de pocos pero trascendentes artículos de la norma, le confiere a este aniversario y al balance de lo actuado, un interés aún mayor.
La distinción entre la ley y su aplicación resulta productiva dado que la misma norma audiovisual podría ser aplicada de modo muy diferente según sea el gobierno. Como la ley fue impulsada fundamental (aunque no únicamente) por el kirchnerismo, formación política que tiene a su cargo la primera etapa de implementación, es importante evaluar su desempeño dado que le imprime a la ley marcas fundantes que determinarán parte de la apropiación que pueda realizarse en la sucesión presidencial de 2015.
Para ensayar ese balance es preciso recordar que la norma reemplaza un decreto-ley de la dictadura militar (22285/1980) que fue, a su vez, empeorado por numerosas modificaciones por parte de distintos gobiernos constitucionales a partir de 1989. La ausencia de un marco normativo estable, acorde a principios democráticos e inclusivo de demandas de participación ciudadana motivó la preparación de proyectos de ley durante los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), pero ninguno de ellos, ni las posteriores presidencias de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) concretó el reemplazo de la Ley de Radiodifusión originada en el decreto de Videla.
La persistencia del decreto-ley retocado con cambios que aceleraron la concentración de la propiedad del sistema audiovisual a partir de 1989, así como la centralización de la producción en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como sostén la presión de los principales actores empresariales que fueron beneficiados de una política estatal que, históricamente, protegió un statu quo comercial y privado.
La sanción de la Ley Audiovisual en 2009 es la segunda que se vota en un régimen democrático en la historia argentina (la primera había sido en 1953). El impulso del gobierno de Cristina Fernández, entonces en su primer mandato, se debió a una conjunción de factores: la ruptura en 2008 de las buenas relaciones que había sostenido el kirchnerismo con Clarín, que es el principal grupo multimedios junto a Telefónica; un contexto sudamericano en el que otros países también modificaron marcos regulatorios en el sistema de medios; un proceso de metamorfosis tecnológica en el que emergen otros actores que facilitan una labor de desintermediación, lo que coloca a los medios tradicionales en una posición inédita de pérdida progresiva del control de los flujos informativos y de entretenimiento a escala masiva.
La Ley Audiovisual no es el único indicador del cambio de políticas de comunicación que se produjo entre el gobierno de Néstor Kirchner (que en la materia fue conservador del statu quo) y el de Cristina Fernández (que transgredió el orden heredado): el caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de Televisión Digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la Ley Audiovisual son manifestaciones del cambio en la política.
Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato.
La Ley Audiovisual (mal denominada ley de medios, ya que no regula medios gráficos) tiene carácter inclusivo comparada con el marco regulatorio previo, al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios y alternativos) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes.
Estos objetivos no son fruto de una lectura afiebrada de la norma; surgen de su articulado.
Como sucede en otros países donde se debaten nuevos continentes regulatorios para el audiovisual, las telecomunicaciones e Internet, la ley audiovisual pone en tensión la mercantilización de los contenidos con el interés público. Esta tensión quedó didácticamente expuesta en la audiencia realizada en agosto por la Corte Suprema de Justicia, donde los mejores argumentos de ambas partes fueron desplegados por expertos que, paradójicamente, tienen escasa incidencia en la estrategia que esas partes despliegan.
Es cierto que la ley excluyó la posibilidad de integración de servicios entre las telecomunicaciones y el audiovisual (exclusión reclamada por varios grupos de medios reactivos a la ley y negociada por fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la sanción de la ley) y que, entonces, la norma no contiene el escenario de convergencia tecnológica que conforma un uso social cada vez más extendido.
También es cierto que no hay país en el mundo que hasta ahora haya logrado una regulación plena y eficaz de la convergencia: la mayoría revisa periódicamente sus normas en función de la vertiginosa metamorfosis del sistema de medios.
Esa circunstancia, junto a la rigidez con la que la ley contempla respuestas frente a la concentración de la propiedad o a la centralización geográfica de los contenidos, así como su permisiva posición frente a señales extranjeras de contenidos que contrasta con obligaciones estrictas para operadores locales, a juicio de este autor demandarían mejoras y actualizaciones si el objetivo es mayor inclusión, mejor acceso, diversidad y pluralismo.

Judicialización: De la guerra abierta al foquismo

La Ley Audiovisual desde el momento de su sanción por el Congreso en octubre de 2009 fue objeto de controversia judicial. Clarín obtuvo tempranamente una medida cautelar que suspendió a su favor algunos pocos, pero centrales, artículos. Recién en diciembre de 2012, el juez Horacio Alfonso emitió un fallo avalando la constitucionalidad de los artículos impugnados por Clarín. Esto sucedió después de que la propia Corte Suprema amonestara a jueces y camaristas por la demora en la consideración del caso, y al Gobierno por la modorra en la aplicación del resto de la ley que no está objetado.
En abril de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial alteró lo dispuesto en primera instancia. En una decisión favorable al Grupo Clarín, determinó que la norma audiovisual es constitucional en los límites fijados a la concentración de licencias abiertas (radio y televisión) pero es inconstitucional en los límites establecidos para el cable. Estos son impedimentos a poseer más de 24 licencias de cable o a superar el 35% del mercado por un lado, a contar con licencia de TV abierta y por cable en una misma zona por otro y, por último, a que el operador de cable pueda gestionar más de una señal propia.
Así, los camaristas introdujeron la discusión sobre la regulación del cable a la que debe atender ahora la Corte. Esta discusión toca la médula del sistema de medios, ya que Clarín ejerce una posición dominante en el mercado del cable (obtenida gracias a la autorización del ex presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2007 para que se fusionaran Cablevisión y Multicanal).
Para la Cámara, la concentración del cable es condición necesaria para posibilitar independencia y sostenibilidad económica. El fallo descansa en la suposición de que una mayor envergadura confiere a las empresas de medios independencia de los gobiernos y les permite ofrecer mejores servicios y a menores precios a sus clientes. En la historia del cable en la Argentina, ambos supuestos se revelan falsos.
Lo que determine la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el Gobierno. En efecto, si la premisa de la Cámara fuera correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable.
A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. En palabras de Owen Fiss, la libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen y si éstos están concentrados la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente.
El fallo de la Corte será trascendente pero no cerrará el capítulo judicial de la ley audiovisual. El mismo pasará de la guerra abierta en la que el grupo Clarín impugna artículos completos por un foquismo en el que muchas decisiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podrían ser objeto de litigios.

Una ley incumplida

De la gran cantidad de artículos vigentes de la Ley Audiovisual, pocos registran concreción a cuatro años de su aprobación, lo que ratifica la distinción mencionada entre la ley y sus políticas de aplicación:
Incluso parte del articulado de definiciones (algunas de las cuales reclama actualización) es incumplido por la aplicación de la norma que realiza el gobierno y que no garantiza el principio de igualdad ante la ley. En particular, merece consignarse que:
* En el Título II, el Capítulo I no se cumple totalmente dado que el gobierno impidió que asuma funciones uno de los representantes designados por la oposición en el Congreso, y que según la ley (art. 14) debe integrar la autoridad de aplicación de la norma (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA). Buena parte de las funciones de AFSCA (art. 12) no se cumplen, como tampoco las del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECO, art. 15, Capítulo II);
* En el mismo Título II, el Capítulo III refiere a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que es un órgano fundamental para evaluar el desempeño de AFSCA, velar por el cumplimiento de las funciones públicas de los medios estatales y proponer directores de AFSCA y al titular de la Defensoría del Público. Pero esta Comisión Bicameral prácticamente no se reúne por decisión del oficialismo en el Congreso e inacción de las fuerzas de oposición, carentes de políticas en la materia.
* El Capítulo IV del Título II, referido a la Defensoría del Público, está en vías de cumplimentarse dada la tardía conformación de la Defensoría, que tiene actividades de investigación que resultan interesantes y novedosas, así como las audiencias que realiza en el interior del país, donde sin embargo eludió hasta ahora la respuesta cuando los reclamos son realizados por operadores de cable PyMes o cuando el destinatario de las críticas es el gobierno.
* El Título III referido a los prestadores de los servicios audiovisuales (quiénes pueden ser licenciatarios, condiciones de admisibilidad) no se cumple porque los requisitos fijados por ley fueron, en algunos casos, violentados por los planes de “adecuación” de grandes grupos y empresarios que quedan fuera del marco legal y que, no obstante, son admitidos -cuando no alentados- por el gobierno;
* Además, el art. 32 es incumplido por la ausencia de concursos públicos para acceder a nuevas licencias de radio y tv, y un régimen de excepcionalidad creado por el gobierno para otorgar permisos experimentales (que se extienden durante años, como si fueran licencias) por fuera de todo mecanismo de compulsa pública. Así obtuvieron, a dedo (“digitados”), permisos para transmitir en televisión analógica o digital algunas empresas y organizaciones sin que otros actores sociales o empresariales interesados puedan participar en igualdad de condiciones;
* No se cumplen los arts. 33, 34, 35 y 36 de la ley;
* Si se cumple el art. 37 que asigna a Universidades Nacionales, Iglesia Católica y (parcialmente) pueblos originarios autorizaciones. Una de las concreciones que puede exhibir la aplicación de la ley es la señal informativa de la Universidad Nacional de Córdoba (Cba24), que emite en digital.
* Los artículos relativos a transferencias de licencias (41), concentración (45 y 48) se encuentran suspendidos para el grupo Clarín, debido al pleito que está en sede de la Corte Suprema. Sin embargo, para otros grupos estos artículos, pese a estar vigentes, no se cumplen.
* Tampoco se cumplen los artículos referidos a la publicidad de quiénes son los accionistas de las licencias (56 a 68).
* El Capítulo V referido a contenidos de la programación es otro de los aspectos que se incumple, debido en parte a cierto voluntarismo con el que se redactaron las exigencias de porcentajes de contenidos propios en localidades del interior del país. Pero aún en la región metropolitana de Buenos Aires algunas de las disposiciones del Capítulo son incumplidas en la actualidad.
* El Capítulo VI dedicado a obligaciones de los licenciatarios y autorizados está vigente y no se cumple. Este capítulo establece, entre otras exigencias, que los prestadores de servicios audiovisuales informen la pauta de publicidad oficial que reciben o que los operadores de televisión por suscripción –cable y satélite- dispongan de un abono social para la población de menores recursos. También describe las condiciones de gravedad o excepcionalidad en las que debe usarse la cadena nacional o provincial.
* El Capítulo VII sobre derecho de acceso a contenidos de interés relevante se cumple en términos relativos en mayor medida que otros capítulos de la ley, aunque hay lugares del interior del país donde algunos contenidos de interés relevante son transmitidos solamente por televisión por suscripción.
* El Capítulo VIII refiere a la publicidad y presenta objetivas dificultades para ser eficazmente cumplido en un contexto en el que operadores estatales y privados eluden la obligación de atenerse a la tanda que informan a su audiencia.
* El Tïtulo VII de la ley regula los servicios de radiodifusión del Estado nacional a los que asigna el mandato de promover el pluralismo político, social, cultural, religioso, etc., objetivo que es visiblemente incumplido, y define un cuerpo directivo para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTVASE) que integran fuerzas de la oposición y que, a diferencia del Directorio de AFSCA, si funciona.

Paradojas

Objetar la Ley Audiovisual porque “nació vieja” o es “meramente teórica” es ya un lugar común. Pero si la norma es tan anacrónica e inaplicable, ¿entonces por qué los voceros de este lugar común evidencian tanta preocupación? Si bien es cierto, como se señaló antes, que la ley no contiene el actual escenario de convergencia tecnológica, también es verdad que la transición de usos y costumbres comunicacionales es lenta y que decretar la defunción de los medios audiovisuales es hoy un acto de impaciencia o de ignorancia.
Quienes aparecen en el espacio público como principales defensores de la ley audiovisual son en rigor los promotores de un estado de excepcionalidad sobre buena parte de su contenido. El oficialismo dice que la ley debe cumplirse, acusando al grupo Clarín de desobediencia (tema tratado más adelante), pero es el propio gobierno el que incumple la exigencia de organizar concursos públicos para otorgar licencias televisivas, el que no preparó un plan técnico de frecuencias para posibilitar la reserva del 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, el que obturó durante años la competencia en el lucrativo mercado de la televisión por cable, el que incumple el capítulo de la ley referido a medios públicos. Además, la aprobación de planes de “adecuación” de grandes grupos privados que están en abierta violación de algunas de las disposiciones de la ley vigente.
Los políticos más reluctantes a la Ley Audiovisual son autores, en muchos casos, de proyectos de ley presentados en el Congreso en años anteriores a 2009. Sus iniciativas preveían más controles a la concentración cruzada, mayor dependencia gubernamental de los medios públicos, menor autonomía de la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA).
Los operadores periodísticos del grupo Clarín, que boicoteó la discusión y el tratamiento parlamentario de la ley (así como en pasados gobiernos había resistido también la adopción de una nueva legislación en la materia), denuncian ahora el incumplimiento de la norma por parte del gobierno, exigiendo respeto a la legalidad.
Los detractores del gobierno por su escasa competencia e ineptitud técnica en otras áreas denuncian el texto aprobado por el Congreso (en muchos casos sin haberlo leído) por su presunto “academicismo”, es decir, porque habría existido un sesgo “académico” en su redacción (hemos desmentido este clásico prejuicio anti-intelectual en un artículo que con Guillermo Mastrini escribimos acá: http://www.perfil.com/ediciones/201...).
El principal grupo afectado por la política de medios del gobierno, Clarín, que podría haber sacado ventajas incluso de algunos planteos centrales de la Ley Audiovisual, por ejemplo a través de la desagregación vertical de unidades de negocios (que en su formato actual desincentivan la convergencia y el aprovechamiento multipropósito de una misma plataforma de transportes), se dedicó desde antes de la redacción del proyecto de ley por el oficialismo a torpedear cualquier cambio regulatorio.
Esa reacción resintió el contrato de lectura generalista que caracterizaba a los productos informativos del grupo conducido por Héctor Magnetto y lo coloca frente a la sociedad y a sus competidores como un contendiente del gobierno que esgrime argumentos sobre libertad de expresión cuando en rigor esconde la intención de continuar con una posición dominante en el mercado de la televisión por cable.
Los argumentos más elaborados sobre la Ley Audiovisual por las partes que se enfrentan en la causa judicial (el Poder Ejecutivo Nacional y Clarín) fueron enhebrados en la audiencia pública de la Corte por cuadros técnicos que, en el caso del gobierno, fueron desplazados de la gestión de la política audiovisual y, en el caso de Clarín, no integran el núcleo duro de toma de decisiones de la estrategia del grupo.

Conclusiones

A pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por la ley audiovisual. La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias.
No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la Ley Audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino.
Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro.
Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias (ver http://www.perfil.com/contenidos/20...).
A cuatro años de su sanción una gran parte de la Ley Audiovisual sigue incumplida a la vez que existen modificaciones de diverso calado en la estructura del sistema de medios. Ni el gobierno ni los principales grupos respetan la ley.
Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por dos artículos de la norma, tema que al cierre de la edición de este artículo estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida hace cuatro años.
El otorgamiento de permisos experimentales, provisorios, revela la impericia técnica y ausencia de compromiso de la gestión de la política audiovisual y es una afrenta “noventista” a los objetivos y a la letra de la ley, que prometía estabilizar, consolidar y aportar criterios públicos en la gestión de un recurso como el espectro radioeléctrico.
Entre las iniciativas que promovió el gobierno en este lapso cabe consignar la autorización para que provincias, municipios y universidades habiliten emisoras de tv y radio (según corresponda).
En alguno casos hay avances al respecto, que en el marco del escaso cumplimiento de la ley merecen, al igual que en la entrega de licencias para radios de baja potencia a algunas organizaciones sin fines de lucro en lugares del país donde la ocupación del espectro no genera conflictos.
Una política complementaria que ejecutó el gobierno (y que no se inscribe estrictamente en la Ley Audiovisual pero la potencia) fue la realización de concursos para financiar contenidos a través del INCAA. Con ello se dinamizó y equipó una gran cantidad de productoras pequeñas y medianas en todo el país, creando competencias que, de existir en el futuro políticas estables para el sector, conforman una base de aliento a la descentralización de la producción de contenidos.
En los últimos años emergieron conflictos novedosos entre actores tradicionales y flamantes competidores: cooperativas versus PyMes en el caso de la televisión de pago en el interior del país; emisoras de televisión abierta versus señales internacionales en lo relativo a sus beneficios impositivos; diferencias entre organizaciones comunitarias y alternativas en relación al intercambio de conquistas por apoyo político al gobierno; tercerización de la programación versus capacidades laborales subestimadas en los medios de gestión estatal; encuadres sindicales en nuevas ramas de actividad, son algunos de esos conflictos.
A cuatro años de la aprobación de la ley, hay varios movimientos en el mapa de medios, por lo que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la ley audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia. La inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente.
Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski, Garfunkel-Moneta) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980.
Más allá incluso de la propia ley, la tensión entre la lógica mercantil y el interés público moviliza la inquietud sobre nuevas regulaciones y estimula el ingreso de actores (tanto empresariales como no lucrativos) en el contexto de convergencia tecnológica lo que incomoda a los viejos actores del sector. La inédita discusión social ofrece un espacio de atención privilegiado para ensayar nuevas ideas y propuestas de mejora frente a un escenario que, por motivos políticos, económicos y tecnológicos, se presenta inconcluso.

Libertad y democracia sindical De Gennaro: “Con el unicato nos reventaron en los ’90”

El jueves, Víctor De Gennaro, diputado nacional del bloque de Unidad Popular y referente histórico de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), presentó el Anteproyecto de una nueva “Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados”.


El jueves 10 de octubre, por la mañana en la sede central de la CTA, Víctor de Gennaro acompañado por Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central, presentaron, ante asesores letrados, el Anteproyecto de “Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados”. De Gennaro sostuvo que el texto fue el resultado de una obra colectiva de los trabajadores, que busca democratizar las organizaciones sindicales y que sin una nueva legislación no habrá democracia ni libertad sindical.
Este texto, según sus redactores, propone un nuevo marco jurídico para garantizar la libertad de organizarse; las garantías con tutelas gremiales para delegados y dirigentes; democracia sindical; eliminar la intervención del Estado y las patronales; el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Uno de los puntos clave del anteproyecto es la eliminación del régimen de “unicidad promovida por ley” que concede el monopolio de la representación al sindicato con personería gremial, otorgándole un conjunto de privilegios. Concretamente se propone terminar con el unicato sindical y avanzar hacia un sistema donde el Estado solamente lleve un registro de organizaciones de trabajadores. Para De Gennaro es claro: “La Constitución dice registro de organizaciones. Libertad y democracia sindical. Debería ser así y punto”.
Horacio Meguira expresó al respecto: “Lo más jodido de esta ley (la 23.551, actualmente vigente) es la intervención del Estado. Nosotros podemos elegir si actuamos o no en una entidad sindical, pero no queremos que nos impongan la unicidad por ley y nos impongan lo que tenemos que hacer”.
El unicato sindical es un punto neurálgico del modelo sindical argentino sostenido por la CGT que lo entiende como una herramienta clave para evitar que se atomicen las fuerzas de las entidades gremiales ante las patronales. Este razonamiento no es compartido por la CTA y al respecto De Gennaro expresó que “con el unicato nos reventaron a los trabajadores en los ’90. Acá hablan del unicato promocionado y sin embargo hay 5 centrales sindicales”, en referencia a la atomización más allá de la legislación. Además comparó la realidad Argentina con la experiencia uruguaya donde, a pesar de no haber unicato promocionado, hay central única de trabajadores. Y aclaró: “Estamos a favor de la central única, por eso resaltamos la experiencia uruguaya”.
Es importante remarcar que el texto presentado incorpora una concepción amplia de trabajadores, previendo la sindicalización de los registrados, los no registrados, los desocupados, los autónomos, los que perciben planes sociales y los que trabajan en sus hogares. De esta manera se diferencia de la normativa vigente que no contempla la sindicalización de sectores vulnerables como los tercerizados, los autónomos y los no registrados, que en la práctica son quienes más necesitan de una organización gremial.
Referido a la fragmentación del movimiento obrero en 5 centrales sindicales De Gennaro sostuvo que en gran medida se debe a la intervención del Gobierno nacional que jugó un papel activo en las rupturas de la CGT y la CTA. Además, se diferenció de los dirigentes que “son representantes del gobierno ante los trabajadores, cuando en realidad debería ser al revés. Deberían representar los intereses de los trabajadores ante el gobierno”.
Por último De Gennaro le envió un tiro por elevación a Facundo Moyano (quién también tiene un anteproyecto de ley al respecto) al expresar: “No hay negocio con los que dicen que solamente hay que cambiar el reglamento electoral. De todos modos ni eso van a hacer”; y se despidió aclarando que para las elecciones de la CTA a realizarse el año próximo apoyará la reelección del actual Secretario General Pablo Micheli.
Fuente: Jorge Duarte, www.marcha.org.ar

Jornada de lucha en Río Cuarto contra Monsanto


A favor del acampe en Malvinas Argentinas y la marcha de Emergencia Ambiental en Córdoba se manifestaron con un corte de ruta frente al predio donde intenta instalarse Monsanto.

La Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos realizó un corte parcial de ruta cerca de la intersección de Ruta Provincial A005 y Nacional número 8, en las inmediaciones donde Monsanto pretende instalar su planta en la ciudad, desde las 12.30 y se prolongó hasta las 14.30 hs.
Integrantes de la Asamblea interrumpieron intermitentemente el tránsito haciendo cortes de 2 minutos para informar a los vecinos de la situación de emergencia socioambiental en la provincia de Córdoba y la profundización del modelo extractivista con la presencia de la corporación Monsanto.
La actividad fue en el marco de la marcha provincial de Emergencia Ambiental y el apoyo al acampe en Malvinas Argentinas que resiste a la radicación de Monsanto en esa ciudad. Además se buscó difundir la Campaña Río Cuarto Agroecológico y manifestarse en contra de la instalación de esta corporación multinacional en el sur de la localidad.
Las expresiones de la comunidad que circulaba fueron de adhesión a los motivos de la medida, muchos se interesaron por firmar la iniciativa popular de producción agroecológica y alentaron a los manifestantes en su lucha con bocinazos y pulgares en alto detrás de los parabrisas.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Campaña de afiliación de ATE Seccional Río Cuarto

ATE lanza su campaña de afiliación en el sur de la Provincia de Córdoba, acercándose a los trabajadores estatales sean municipales, provinciales y nacionales. Vos podés ser parte, afiliate!!!.

Construyendo legislación popular Anteproyecto de Ley Nacional de Violencia Laboral

El lunes 30 de septiembre se realizó una nueva reunión del Equipo Nacional de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina -encabezado por el titular del área, Jorge Yabkowski- con el objeto de debatir sobre el borrador de Anteproyecto de Ley Nacional contra la Violencia Laboral.


Se trabajó sobre el texto redactado por la compañera María Marta Terragno, de la Asesoría Jurídica de ATE Córdoba. Como principal conclusión se decidió realizar una Audiencia Pública de presentación de las ideas globales del Anteproyecto de Ley Nacional de Violencia Laboral entre el 15 y el 30 de noviembre en el Congreso de la nación.
En lo conceptual se acordó en general con el borrador presentado, señalándose:
1) Si bien el Anteproyecto puede superponerse en parte con el de Riesgos del Trabajo, dada la especificidad y extensión del problema, el tema de la violencia laboral merece una legislación específica.
2) En el Estado el Anteproyecto busca eludir la vía burocrática del sumario eterno con la creación de Comités Mixtos específicos que aborden el problema y las soluciones con la participación democrática de los trabajadores. Tanto en la formación de esos comités como en la elección de delegados el Anteproyecto recoge los planteos realizados en nuestro Proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo. Hubo un debate importante sobre la protección a los denunciantes, su traslado protectorio (o no), las debidas garantías del proceso y la relación entre violencia y precarización laboral.
3) En la actividad privada está todo por hacerse.
4) La Ley tiene carácter federal, toma lo mejor de las leyes provinciales.
5) No hay expectativas de una sanción rápida. Junto a la Ley de Riesgos del Trabajo, la nueva Ley de Asociaciones Sindicales y las previsionales por el 82 por ciento móvil van conformando el cuerpo de proyectos de legislación popular, herramientas de lucha y organización de los trabajadores.
6) La autoridad de alzada (luego de la actuación de los comités) debería ser la Justicia.
Se acordó continuar el debate,en tanto se va fijando la fecha de la Audiencia Pública . Las propuestas de agregados y modificaciones del borrador pueden enviarse a los correos: jorgeyaco@gmail.com o a mmterragno@yahoo.com

Conferencia de prensa La CTA lanza la campaña nacional en defensa de los bienes comunes y para en la provincia de Buenos Aires

Pablo Micheli, junto a otros integrantes de la Mesa Ejecutiva de la CTA Nacional y de la CTA Porteña, además de la Mesa de Pueblos Originarios de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, darán una Conferencia de Prensa este miércoles 9 de Octubre a las 17 horas en la sede de la Central (Lima 609 de la Ciudad de Buenos Aires) para brindar detalles sobre la realización de la Jornada Nacional para lanzar la Campaña por una Consulta Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes que será el Viernes 11 de Octubre, último día en libertad de los antiguos pueblos en América Latina.


La Campaña tendrá epicentro en 5 provincias: Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Salta y Córdoba. En Misiones volverá a decir "No a las represas y sí a la vida"; en Neuquén se repetirá la negativa del pueblo al acuerdo Chevron-YPF, mientras que en Salta la ciudadanía exigirá la no instalación de la empresa Austin Powder y en Córdoba continuará la lucha incansable contra Monsanto. En San Juan se seguirá resistiendo al modelo extractivista y a la megaminería.

Contra el Ajuste y la Pobreza, hacia el Paro Multisectorial del Jueves 10

En la sede de la CTA La Plata, las organizaciones nucleadas en la multisectorial que convoca la jornada de lucha, expusieron los objetivos de la medida de fuerza.
“Decimos Contra el Ajuste y la Pobreza porque sin lugar a dudas desde 2012 los presupuestos vienen castigando a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense y en ese contexto a los trabajadores del Estado”, explicó Oscar “Colo” de Isasi, secretario General de ATE Provincia e integrante de la Mesa Provincial de la CTA Buenos Aires, que inició la exposición.
“Claramente, las partidas de políticas sociales fueron disminuidas en salud, educación, niñez, desarrollo social, y fueron privilegiadas las partidas de la deuda pública, por lo que el Estado se viene endeudando, pero no para invertir en los sectores más postergados.”
En un escenario electoral y aproximándose la discusión del presupuesto para 2014 en el Senado Provincial, De Isasi recalcó: “Diputados y Senadores van a discutir, y definir qué es lo que van a financiar y qué no. En ese contexto, exigimos que se eleve el presupuesto en Salud, que hoy es el más bajo de todas las provincias, e igual al de Capital Federal, pero con 4 veces más población.
"Por eso, también exigimos más y mejor inversión en el sector de Educación, porque no solo hace falta más personal que cobre sin retrazo, sino que también tenemos un serio deterioro en los edificios de las escuelas y en los comedores. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, los chicos cada vez comen menos y con menor calidad.
"Incluso, el gobernador Scioli en el 2013 le dio otra vuelta de tuerca al presupuesto, e hizo que el Ministerio de Desarrollo Social tuviera un punto menos, por lo que hoy es un Ministerio fantasma que anda deambulando y no sirve para nada”.
Uno de los docentes que hablaron en representación del sector fue Francisco Torres, de Suteba La Plata: “creemos que es urgente reabrir la paritaria y un aumento de emergencia antes de fin de año. Pero además, hoy existe una retención de servicios de miles de compañeros que no están cobrando los sueldos por los que trabajaron, porque se les adeuda meses, y hasta más de un año en algunos casos.
"Por eso es muy importante la movilización que se está dando en las escuelas para convocar a parar”, –explicó el referente docente, quien detalló; “incluso, está sucediendo que ante la falta de auxiliares y de docentes que no pueden asistir porque no están cobrando los sueldos, algunas escuelas no tienen personal para recibir a los chicos.”
A su turno, el vicepresidente del sindicato de los profesionales de la salud (CICOP) Fernando Corsiglia, contó: “el presupuesto en salud de 2013 es del 6.5%, lo que expresa un claro detrimento a lo que se invertía años anteriores; y además, una insuficiencia a las necesidades, que se manifiestan en las crisis crónicas que tenemos en los hospitales y centros de salud, en la falta de insumos, en la infraestructura obsoleta, en que trabajamos y atendemos a la población".
Los quinteros de ASOMA (Asociación de Medieros y Afines) fueron representados por el presidente de la organización, Roberto Solano que expresó, “necesitamos tierras para seguir produciendo, porque los alquileres se van para arriba todos los años. También reclamamos por la mercadería que ya no nos dan, y por los planes para las mujeres. Desde hace mucho tiempo estamos en la calle pero nadie nos atiende”.
Entre otros temas, también se expusieron las problemáticas de la niñez y la adolescencia, las repercusiones de las inundaciones, la desprotección del Estado hacia los derechos de los trabajadores del sector privado. Así mismo, se hizo hincapié en la necesidad de aplicar una reforma tributaria, de reformular la coparticipación federal y concretar una verdadera redistribución de la riqueza, con presupuestos que prioricen el gasto social.
“Se abre un tiempo en el cual el Estado tiene que ser diferente, tiene que invertir en vivienda, en producción y en trabajo”, contó De Isasi. “Desde la CTA entendemos que es un buen tiempo parar en octubre, después de las PASO y antes de las elecciones generales, es un momento donde la sociedad está más permeable a debatir los problemas de todos”, finalizó el dirigente
La movilización se iniciará el jueves a las 10.00 desde calle 7 y 38 para marchar hacia la Casa de Gobierno de la Provincia.
Convocan y adhieren al Paro Provincial por la CTA: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP); AMMAR, NOSG (Nueva Organización Sindical Gastronómicos), UETTEL, SUMA, UCRA, SITRE; SUTNA San Fernando, FETERA, SUPA Campana, Cooperativa UST, Movimiento Justicia y Libertad, MTL Cañuelas, MAB, FUBADEYO, Jubilados CTA, Juventud CTA, CEPETEL, AAPM, Movimiento Argentina Rebelde (MAR), Movimiento 29 de Mayo, Organización Clasista Revolucionaria (OCR), Foro por los Derechos de la Niñez, Agrupación Mosconi, Alternativa Docente y Lista Azul y Blanca de SUTEBA, las seccionales de SUTEBA (Berazategui, Quilmes, Tigre, Ensenada, Escobar, La Plata, La Matanza, Bahía Blanca, y Marcos Paz ; En la Multisectorial: Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Teresa Vive, Comunidad Mocoví, ASOMA, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), MTD Quebracho, Federación Universitaria de La Plata; Juventud Guevarista; y los hogares de niños Ruca Hueney, Chicos del Sur, e Hijos del Campo, entre otras organizaciones.

Córdoba La CTA en el acampe y la marcha contra Monsanto

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) participa del acampe frente a la planta de Monsanto, en Malvinas Argentinas y convoca y moviliza a la marcha por la emergencia ambiental en la provincia, este martes 8 de octubre a las 18.00ç, convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, de la que forma parte.


"La CTA afirma que el saqueo ambiental y la apropiación de los bienes comunes por parte del capital concentrado, emergente de las políticas genocidas y neoliberales, se descarga brutalmente sobre la salud de nuestro pueblo, sembrando a su paso enfermedad, muerte y destrucción de fuentes de trabajo.
"La CTA señala asimismo la connivencia de los poderes a nivel local, provincial y nacional con los personeros de la devastación. Así lo demuestran los acuerdos nacionales con las megamineras, con Chevron y Monsanto; en este último caso con la plena participación del Gobierno Provincial, aunque intente hacerse el distraído. El drama ambiental provincial alcanza dimensiones colosales. La crisis hídrica se profundiza como consecuencia de los recientes incendios forestales y la permisividad gubernamental en sus distintos niveles al avance de megaemprendimientos inmobiliarios en el piedemonte y los faldeos serranos, que comprometen aun más al monte nativo, desprotegido por la Ley de Bosques Nº 9814, aprobada en 2010 por la Legislatura Provincial, en abierta colisión con el anteproyecto elaborado por la COTBN.
"La emergencia ambiental provincial se conjuga con un cuadro político que se torna intolerable para la ciudadanía en la que crece el hastío y el malestar, alimentado por el escándalo narcopolicial y los hechos delictivos de los que son sospechados algunos integrantes del gabinete de un Gobierno Provincial que, por acción u omisión, avala la instalación de la repudiada internacionalmente Monsanto, violando preceptos constitucionales y legales.
Ante la crisis y el saqueo, la CTA cree necesario avanzar con el conjunto de las organizaciones populares en la construcción de una Consulta Popular Nacional por la Soberanía y la Defensa de los Bienes Comunes, como herramienta para que nuestro pueblo reasuma digna y soberanamente su destino", concluye la declaración firmada por Guido Dreizik, secretario General de la CTA Capital; Soledad García y Eduardo Ahamendaburu, secretaria Adjunta y de Formación e Investigación respectivament, de la Central provincial.
En la movilización, que partirá a las 18.00 de la intersección de Colón y Cañada, confluirán distintas reivindicaciones, tales como el pedido para que Monsanto no se instale en Malvinas Argentinas y “denunciar la responsabilidad del gobierno provincial y las autoridades municipales por las cerca de 100.000 hectáreas arrasadas por los últimos incendios".
También se solicita la derogación de la Ley Provincial de Bosques 9.814 y la aprobación del proyecto presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN); ante la crisis hídrica, poner coto a los especuladores inmobiliarios y sojeros del suelo; decirle no a Cormecor y la instalación de sus plantas en Bouwer, Juárez Celman y Río Ceballos”, se indicó en un comunicado.
Cabe consignar que ayer el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel visitó el acampe y corte que distintas organizaciones sociales llevan a cabo en la localidad de Malvinas Argentinas para rechazar la instalación de la multinacional Monsanto. La asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto a media docena de organizaciones, continúa con el bloqueo frente a la planta, sobre la ruta A-88.